Adrián Benítez, abogado de la docente Alejandra B., sostuvo que se trata de una sanción infundada y que buscarán que se retracten. Esto es consecuencia del caso de Juanita Sirimarco, la abanderada de 13 años que falleció a poco de volver de viaje de egresados a Carlos Paz con sus compañeros del Instituto Cristiano República Argentina (ICRA).

El ICRA ha buscado por todos los medios tomar distancia de la organización del viaje con diversas inconsistencias, las que fueron corroboradas por el Servicio Provincial de Educación Privada de Misiones (SPEPM), que por esa razón ha sancionado al instituto que, además, tiene un juicio de desalojo en en marcha sobre los dos locales que ocupa para su funcionamiento, poniendo en riesgo cierto el inicio del ciclo lectivo 2025.

Después de las declaraciones en sede judicial de los directivos de la escuela y de los padres de la niña, se conoció que el ICRA suspendió sin goce de haberes a Alejandra B., una de las docentes responsables del contingente, a quien se responsabiliza por no reparar suficientemente en el estado de salud de Juanita, que falleció cuatro días después en el Hospital Pediátrico de Posadas.

Adrián Benítez, abogado de la docente (que tiene una licencia médica de seis meses por ser paciente oncológica), dijo que se trata de una «sanción infundada, arbitraria y discriminatoria contra una docente que nada hizo para merecer esta sanción. No está legislado ni permitido el uso abusivo del ius variandi o del poder sancionador de la patronal. Va contra todas las garantías de protección al trabajador y sobre todo de la docencia que tiene un régimen especial y más protector de las garantías laborales».

Benítez afirmó además que la maestra hasta el momento no está imputada de ningún delito y que tampoco fue llamada a declarar «ni como imputada, ni como testigo sospechosa».

«Realmente deja mucho que desear la notificación porque, en primer lugar, dice que la maestra organizó el viaje, le acusa a ella como organizadora de un viaje que se organiza en el 2023 por padres del colegio, ya que la sancionada ni siquiera estaba en la institución como consecuencia de su enfermedad».

En el caso de que el ICRA no revise la medida que ha sido rechazada, el letrado anticipó medidas destinadas a proteger derechos y garantías constitucionales de la docente, ya que “se viola su derecho de propiedad; sobre todo, su derecho al trabajo y a trabajar. Luego se avanzará con una acción judicial». Adrián Benítez, se preguntó: “¿Por qué no la despiden e indemnizan como corresponde?”

La docente y su abogado ofrecieron a la Dirección de Cibercrimen de la Policía de Misiones los chats de WhatsApp del día del viaje.
También se han hecho públicos los documentos que prueban que el ICRA estaba al tanto del viaje y que estaba presentado como “de estudios”.

En la carta documento de ICRA indican que “dada la extrema gravedad de los hechos ocurridos en este viaje, con la huella de la alumna en los ámbitos que puede ser de público conocimiento, y ante el deber de la institución de intervenir y corregir el incumplimiento del personal de la institución; y dado asimismo el daño que se ha generado a la Institución tanto para el servicio educativo del SPEPM por el daño a la imagen pública del Instituto, se le notifica por las sanciones recibidas y una sanción temporal sin goce de haberes por el término de su licencia médica notificada a esta Institución y el debido cumplimiento en apego a la capitalización en normativas institucionales, con acuse de la legislación del SPEPM y los protocolos de comunicación institucionales; y le restringe la participación en actividades extracurriculares durante un período de doce meses, así como la imposición de una evaluación sistemática de su desempeño y el cumplimiento de estas normativas institucionales».

Además de conocerse esta actitud inhumana de la institución “cristiana” que administra la fundación familiar Siembra, se supo que ampliarán la investigación de la muerte de Juanita Sirimarco con el testimonio de otros pasajeros del viaje.

Este lunes arranca otra semana de citaciones y testimonios en la causa que instruyen el juez Ricardo Walter Balor y el fiscal René Germán Casals, en la que intenta determinar o esclarecer lo sucedido y posibles responsables del fallecimiento de la estudiante Juanita Milagros Sirimarco Díaz (13) el pasado sábado 12 de octubre, cuatro días después de regresar de su viaje de séptimo grado de la ciudad cordobesa Villa Carlos Paz.
Los conductores ya declararon y negaron haber tenido contacto con los pasajeros durante todo el viaje y que cumplieron su función de manejar el bus exclusivamente, sin haber registrado novedad alguna hasta que llegaron a Posadas.

También pasaron por el juzgado Elva Nora Benítez y Lourdes Natalia Cabral, responsable legal y directora, respectivamente, del ICRA. En sus declaraciones perfectamente coordinadas, aseguraron que el viaje fue organizado por dos docentes del establecimiento y admitieron que se realizó una solicitud al SPEPM para encuadrarlo como un viaje de estudio en el que iban a interiorizarse de los orígenes y consecuencias de los incendios forestales en Córdoba.