La Justicia Penal de Eldorado dispuso rechazar el pedido de excarcelación de María Ovando, por lo que la mujer de 37 años y acusada «abandono seguido de muerte, agravado por el vínculo» seguirá alojada en la alcaidía de mujeres de Villa Lanús hasta el inicio de su juicio, el 19 de noviembre próximo. Luego de nacionalizarse el caso, entidades y referentes de DDHH y organizaciones sociales, se suman al pedido de liberación sustentado en un «Amicus Curae», presentado ante el tribunal.
El fiscal del Tribunal en lo Penal Nº 1 de la III Circunscripción Judicial, Federico Rodríguez afirmó que está de acuerdo con la resolución del Tribunal de no haberle concedido la excarcelación a María Ovando. «Si le hubieran dado se hubiera fugado al Paraguay, la decisión es correcta, la excarcelación no corresponde y, por tal motivo me parece bien que el Tribunal no se la haya concedido», y afirmó que «la mujer dejó morir a su hija y, eso es muy grave».
El Tribunal Penal Uno de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia, denegó el pedido de excarcelación para María Ovando, a pesar de que no existe riesgo de fuga, ni tampoco de interferencia con el proceso judicial. Según este tribunal, la decisión de mantener presa a la mujer analfabeta acusada de «abandonar» a su hija de 3 años, quien murió en abril del 2011, se sustenta en la proximidad de la fecha del debate oral y en que consideran que María continúa manteniendo el vínculo con sus hijos, a pesar del cautiverio.
Una fuente judicial de e24n, sostuvo que «María estará bien en la alcaidía, bajo el amparo de una organización social o religiosa también, pero se prefiere preservarla bajo custodia y no exponerla a situaciones que la presionen psicológicamente». De cualquier manera, resulta llamativa la negativa al pedido de excarcelación formulado por la defensora oficial Ana Maria Mayerhoefer, porque entre otras cosas, no se cumple con el principio constitucional que señala que cualquier acusado es inocente hasta que se pruebe lo contrario.
El Tribunal que juzgará a Ovando está integrado por el momento por Atilio León y Lyda Inés Gallardo, mientras se aguarda que el magistrado restante surja de la asunción de la nueva integrante designada este año, María Teresa Ramos. Caso contrario el lugar será ocupado por un juez subrogante a designar.
Este Tribunal dispuso el martes que el 19 de noviembre a las 8.30 se inicie de debate oral, donde se juzgará a Ovando y al que serían citados entre quince y veinte testigos.
Cabe señalar que el caso tomó estado nacional tras el pedido de informe del caso que realizó la exdiputada Vilma Ripoll (MST-Proyecto Sur), quien se reunió con el Ministro de DDHH Edmundo Soria Vieta y por el informe del domingo pasado, del programa Periodismo Para Todos de Jorge Lanata, quien entrevistó a la acusada en el penal. Tras el informe de PPT que expone el caso de criminalización de la pobreza (María fue reconocida como ciudadana por el Estado cuando la acusa de «abandono de persona») y los serios problemas que tiene el Poder Judicial en Misiones, el ministro Soria Vieta justificó la acusación diciendo que María era «abandónica con sus hijos».
El abogado que se hará cargo de la defensa de María Ovando en el debate oral, Eduardo Paredes, señaló que «abandono agravado no le corresponde a María, entre otras circunstancias, porque ella intentó llevar a su hija hasta un centro de salud», cuando se produjo la muerte de Carolina. Además, el letrado especificó que el derecho penal no puede aplicarse en este caso, porque la mujer y sus hijos vivían en una condición «medieval» o «premoderna»: sin educación (María es analfabeta), sin asistencia, sin servicios básicos, etc. Según el argumento de Paredes, el Derecho Penal es un instrumento del Estado que surge de la Modernidad y no fue pensado para situaciones premodernas.
Por otra parte, Paredes advirtió que el proceso penal encubre el abandono por parte del Estado, respecto de esta familia de excluidos estructurales. En este sentido, el defensor llamó la atención sobre la errónea actitud adoptada por los funcionarios provinciales, que tomaron el caso como un ataque a su gestión, cuando la pobreza estructural es un problema del Estado misionero desde hace varias décadas (y no un problema de esta gestión del Gobierno renovador)
En tanto el Fiscal preguntado si concretamente Ovando dejó morir a su hija, el Fiscal no dudó: Si, por supuesto. A esa mujer le obligan a lleva a la criatura al hospital cuando los familiares la ven en muy mal estado. No es que ella que por ´mutus propio´ decide llevar a su hija al médico. Esa criatura si iba a morir ahí».
Consultado si, paralelamente se inició la investigación de las causas de la muerte de otro hijo de siete meses ella acaecida un año antes del fallecimiento de su pequeña de tres años el Fiscal dijo que «existe una muerte anterior, la estamos investigando porque en realidad no se sabe a ´prima facie´ las causas de la muerte de ese chico, pero no forma parte de la acusación».
Rodríguez que se está evaluando «si el concubino de la mujer tiene alguna responsabilidad en el hecho; aunque está comprobado que no es el padre de la criatura. A esa nena, Ovando la había traído del Paraguay hace un año; ya que residía con su abuela paterna. Según se expresa en el expediente la trajo de ese país para poder acceder a algún plan social provincial o nacional».
«Está comprobado que al concubino le miente. Cuando ella regresa sin la criatura le miente al concubino. Concretamente le dice que se fue con la mamá de él. Igualmente no se descarta investigar la concubino».