Según el especialista Fernando Molina, estos movimientos son una clara evidencia de un intento por ocultar el destino final de los fondos.
Contexto de la Causa: La Conexión Argentina y el Riesgo de Rastro
Los activos retirados de la billetera ‘Milei’ estaban inmovilizados desde el derrumbe del token el 14 de febrero. En aquellos días, el impulsor de la criptomoneda, el estadounidense Hayden Davis, llegó a afirmar en entrevistas que el dinero en estas cuentas era “del Gobierno de la Argentina” o, incluso, directamente “de la Argentina”, un vínculo que los damnificados buscan esclarecer en la corte.
La extracción de fondos ocurre en un momento crucial, justo cuando los abogados que representan a miles de damnificados en la demanda colectiva en Manhattan solicitaron a la jueza federal Jennifer Rochon una medida de emergencia: congelar o limitar los movimientos de estos activos.
El bufete Burwick Law advirtió sobre un riesgo inminente: que los acusados conviertan los activos a criptomonedas diseñadas para el anonimato, como ZCash. Esta maniobra sería el “botón nuclear” que destruiría la evidencia digital del presunto fraude, volviendo los 94,5 millones de dólares que corren riesgo «permanentemente inrastreables».
La Billetera ‘Milei’ Se Une a los Movimientos Masivos
El peritaje forense presentado ante la jueza Rochon ya había detectado una «prueba de concepto» de esta maniobra el 16 de noviembre. Los documentos judiciales confirman que el escalamiento de los movimientos masivos se dio cuando otras billeteras clave como la “Exit Wallet 1” y la del “Deployer” de $LIBRA liquidaron posiciones en USDC para pasarse a SOL.
A estos movimientos se suman ahora los registrados en la billetera «Milei», que envió fondos a otra dirección conocida como “oHtMM”, la cual luego realizó transferencias de dinero a una tercera billetera («2B7NY»). En ese punto, los montos fueron convertidos nuevamente en USDC y enviados por deBridge hacia otras blockchains, perdiendo completamente el rastro.
A pesar de la urgencia de los demandantes, los abogados de los acusados Hayden Davis y Benjamin Chow rechazaron los argumentos y los calificaron como “falaces”, alegando que se trata de reiteraciones de pedidos previos para congelar fondos que la jueza Rochon ya había desestimado.
