La gestora que está sospechada de haber fraguado sellos y documentos para quedarse con el dinero destinado al pago del impuesto a los sellos al inscribir autos cero kilómetros, se negó a declarar ante el juez de Instrucción Miguel Faría y continuará en libertad mientras dure la investigación porque el magistrado le concedió la exención de prisión. Fuentes judiciales dijeron que la defraudación es contra las arcas de la Dirección General de Rentas porque dejó de percibir alrededor de 200.000 pesos en concepto de impuestos hasta que el caso salió a la luz. Conocida la maniobra delictiva, el propietario de la concesionaria para la cual trabajaba la gestora, Carlos Seewald, regularizó la situación con el ente recaudador para evitar problemas futuros a sus clientes.
No se descarta que en las próximas semanas aparezcan nuevos sospechosos, incluso empleados infieles de Rentas. La mujer se abstuvo de responder las preguntas del magistrado por consejo de su abogado, Ernesto Chávez.
El magistrado ordenará en los próximos días realizar pericias sobre los formularios y sellos para establecer si son apócrifos o se utilizaron los originales para concretar la maniobra. Es que la gestora presentaba ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor la constancia de pago del impuesto, requisito básico para poder registrar un vehículo cero kilómetro o usado.
El sistema de recaudación de este impuesto se realiza a través de ventanilla o sino a través de cupones de tarjeta de crédito. En este caso, los comprobantes indicaban que se había abonado por ventanilla del ente recaudador.
El dueño de la concesionaria dijo que el caso salió a la luz cuando un cliente les fue a reclamar porque en Rentas, donde debía presentar un libre deuda, aparecía como deudas del impuesto a los Sellos, que había abonado a través de la gestora que trabaja con la concesionaria realizando todos los trámites inherentes al patentamiento de los vehículos cero kilómetros o de transferencia en el caso de los usados.
En los registros figuraba como abonado el impuesto, pero no para el ente recaudador, que radicó una denuncia penal por la maniobra. «Menos mal que lo encontramos nosotros (la irregularidad) porque si lo hacía antes Rentas iban a desconfiar directamente de nosotros y nos iban a denunciar penalmente», indicó Seewald.
El empresario dijo que la mujer acusada de la maniobra es una «gestora externa» y agregó que para evitar disgustos a sus clientes decidió abonar nuevamente el impuesto de 189 vehículos. Sewald fue quien advirtió a la DGR sobre el ilícito y ésta radicó la correspondiente denuncia penal.
En la Justicia el caso quedó caratulado como defraudación a la administración pública, ya que le gestora habría sustraído dinero que debía percibir el Estado a través de la Dirección General de Rentas.
