Hace sesenta años, un 11 de noviembre de 1951, casi cuatro millones de mujeres argentinas ejercieron por primera vez el voto en las elecciones nacionales que consagraron como presidente para un segundo período a Juan Domingo Perón, principal impulsor de la ley que les concedió ese derecho. Desde 1912, había regido en el país la Ley Sáenz Peña, que propició el sufragio secreto, universal y obligatorio, pero circunscripto a los hombres, lo que había dejado a las mujeres en inferioridad cívica.
Las únicas excepciones a la regla sucedieron en 1911 en Buenos Aires, durante una elección municipal, en la que a título personal la médica Julieta Lanteri logró votar; y en 1928, en San Juan, donde todas la ciudadanas de esa provincia fueron habilitadas por el bloquismo a hacerlo.
En las elecciones nacionales del 11 de noviembre de 1951 votaron 3.816.654 mujeres en todo el país, entre ellas Eva Perón, quien lo hizo por primera y única vez en su vida, acostada en su lecho de enferma -moriría ocho meses más tarde- gracias a que la urna le fue llevada a su lugar de internación.
El 63,9% lo hizo por el Partido Peronista y el 30,8% por la Unión Cívica Radical. El Peronismo fue el único de los dos que llevó mujeres en sus listas. Por contrapartida, el Radicalismo siguió rindiéndole culto a su «irreverente machismo», frase que pertenece a Florentina Gómez Miranda.
Esto ya había sido expuesto cuatro años antes, el 3 de septiembre de 1947, en el Congreso, cuando el Comité Nacional ordenó a sus legisladores no dar quorum al tratamiento del sufragio femenino.
Al día siguiente el diario Democracia tituló en tapa, a cinco columnas: «La minoría impidió ayer que se tratara el voto femenino». Y a renglón seguido: «La oposición traicionó a la mujer (…) Radicales del C.N. que se proclaman adalides de la democracia; conservadores, representantes de la oligarquía contumaz; y un demócrata progresista, ente fluctuante en las turbulentas mareas minoritarias, han creído que es muy pronto todavía para reconocer a las mujeres criollas el derecho a votar».
La oposición era tan fuerte, que la sanción de la ley, esperada para el 3 de septiembre de 1947, debió postergarse para el 9, en que se la aprobó en sesión especial, mientras miles de mujeres presionaban desde la Plaza de los Dos Congresos.
El 23 de septiembre, en medio de un gigantesco acto cívico organizado por la CGT en Plaza de Mayo, Perón le entregó a Eva el decreto de promulgación de la ley 13.010, en un gesto simbólico que expresaba el reconocimiento del gobierno por su campaña a favor de los derechos políticos de la mujer.
Y entonces, ella dijo desde el balcón de la Rosada: «Mujeres de mi Patria: recibo en este instante de manos del gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo entre vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispación de indignación, sombra de ataques amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y eso último se traduce en la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional».
En efecto, fue una larga lucha. Las argentinas venían demandando el voto desde principio del siglo XX. Cecilia Grierson, la primera médica argentina, participó en Londres en 1889 del II Congreso Internacional de Mujeres y en septiembre de 1900 fundó en nuestro país el Consejo de Mujeres, que promovía el voto; siete años más tarde, la socialista Alicia Moreau de Justo creó el Comité Pro-Sufragio Femenino.
Ambas instituciones influyeron para que en mayo de 1910, Buenos Aires fuera elegida como sede del Primer Congreso Femenino Internacional, que con la participación de delegadas de países vecinos reclamó enérgicamente en tal sentido.
Otra de las pioneras fue Julieta Lanteri, también médica. En julio de 1911, después de haber logrado la ciudadanía argentina (había nacido en Italia) se presentó en Buenos Aires para que su nombre fuera inscripto en el padrón electoral y ante la mirada atónita de los varones que hacían cola para votar en las elecciones municipales aquel 23 de noviembre de 1911, logró emitir su voto 40 años antes que el resto de las mujeres argentinas.
En marzo de 1919 lanzó su candidatura a diputada nacional por la Unión Feminista Nacional, con el apoyo de Alicia Moreau de Justo y Elvira Rawson, la segunda médica del país. El resultado fue magro pero importante simbólicamente: obtuvo 1.730 votos.
En 1911, un año antes de que se sancionara la Ley Sáenz Peña de aplicación sólo a varones, el diputado socialista Alfredo Palacios había presentado el primer proyecto de ley de voto femenino, pero ni siquiera fue tratado sobre tablas.
En 1929, el socialista Mario Bravo presentó en Diputados un nuevo proyecto que, golpe mediante, recién fue debatido en setiembre de 1932 y aunque logró media sanción, no pudo traspasar la barrera del Senado.
Durante el debate, el conservador Uriburu se opuso en estos términos: «El día que la señora sea conservadora; la cocinera, socialista; y la mucama, socialista independiente, habremos creado el caos en el hogar».
Desde aquel proyecto de Palacios de 1911 hasta 1947, se presentaron sin ningún resultado otras 22 iniciativas legislativas, entre ellas otras dos de Palacios, en 1935 y 1938, la última avalada por la Unión de Mujeres Argentinas con la firma de Victoria Ocampo, quien sin embargo luego cambiaría de actitud.
Ocurrió que por 1944, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, el entonces coronel Perón había encarado una política dirigida a reflotar la cuestión del sufragio femenino. En ese ámbito había creado la División de Trabajo y Asistencia a la Mujer y el 26 de julio de 1945, en un acto celebrado en el Congreso, explicitó su apoyo a la iniciativa.
Tras esto, se formó la Comisión Pro Sufragio Femenino, que elevó un petitorio al gobierno solicitando el cumplimiento de las Actas de Chapultepec, por las cuales los países firmantes que aún no habían otorgado el voto a la mujer, se comprometían a hacerlo.
Pero el 3 de septiembre de 1945, la Asamblea Nacional de Mujeres, presidida por Victoria Ocampo, resolvió rechazar que el el voto fuese otorgado por decreto por un gobierno de facto. El lema de la Asamblea era: «Sufragio femenino pero sancionado por un Congreso elegido en comicios honestos». El decreto no llegó a salir porque los sucesos de octubre del 45 pospusieron el tema.
Pero la campaña electoral de 1946 puso en evidencia que, ya fuera con el apoyo del laborismo o con el de la Unión Democrática, la mujer, aún sin derechos políticos, había ingresado en la política argentina y que sólo faltaba la legitimación. Perón ganó las elecciones y Eva pasó a presidir ese año la Comisión Pro Sufragio Femenino, que comenzó a presionar para lograrla.
El mensaje de Eva se instaló en las mujeres y ellas pasaron a desempeñar un papel activo: se realizaron mitines, se publicaron manifiestos, centros e instituciones apoyaron con adhesiones y grupos de obreras salieron a las calles a pegar carteles en reclamo por la ley.
La buena nueva llegó el 9 de septiembre de 1947, cuando pudo sancionarse finalmente la ley 13.010 que establecía en su primer artículo: «Las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos».
Cuatro años más tarde, en las elecciones del 11 de noviembre de 1951, ese artículo fue estrenado en la práctica por primera vez.