La líder de la extrema derecha en Francia ha sido condenada a cuatro años de prisión y a cinco años de inhabilitación con aplicación inmediata, por lo que se queda fuera de la carrera presidencial a menos que los sucesivos recursos judiciales revoquen la decisión, aseguraban medios europeos en la mañana de este lunes 31 de marzo.
Marine Le Pen, líder de la extrema derecha en Francia, y ocho eurodiputados de su partido han sido condenados por malversación de 2,9 millones de euros de fondos públicos. Le Pen ha recibido una pena de inhabilitación de cinco años con ejecución inmediata, así como cuatro años de prisión y una multa de 100.000 euros. La líder de Agrupación Nacional queda eliminada de la carrera presidencial de 2027.
Aun así, Le Pen no está obligada a dejar su cargo como diputada y tiene opción de recurrir la decisión, pero la pena será efectiva mientras dure el proceso. La política de extrema derecha ha salido del Tribunal antes de conocer su pena y sin hacer declaraciones.
Le Pen y otras figuras de la formación de extrema derecha se sentaron en el banquillo, durante el juicio celebrado el pasado mes de diciembre, acusados de poner en marcha un “sistema de apropiación indebida” de las dotaciones asignadas por la Unión Europea a cada miembro del Parlamento para pagar a asistentes parlamentarios (en ese momento era de 21.000 euros mensuales). Dichos asistentes en realidad trabajaron total o parcialmente para el partido en Francia. Los 12 asistentes juzgados junto a ellos también han sido declarados culpables.
El tribunal sostiene que Le Pen, los otros ocho eurodiputados y los 12 asistentes firmaron “contratos ficticios”. “Ha quedado probado que todas esas personas trabajaban en realidad para el partido y que su eurodiputado no le había confiado ninguna tarea”. En 2018, el Parlamento Europeo estimó el daño total causado en 6,8 millones de euros, correspondiente a un periodo entre 2004 y 2017.
La Fiscalía había justificado la demanda de aplicación provisional por la duración del proceso y la voluntad de los acusados de dilatar las diligencias. En opinión de la Fiscalía, “para ser eficaz y significativa, una condena debe imponerse en un plazo razonable tras la comisión de los hechos […] Este no es un foro político, sino judicial, y la ley debe aplicarse a todos”. Le Pen tendría opción de presentar recurso al Constitucional, pero el viernes pasado el tribunal publicó una sentencia diciendo que la inhabilitación inmediata es lícita si el juez lo decide y lo razona con criterios de proporcionalidad.
“Hoy, no es solo Marine le Pen quien ha sido condenada de manera injusta: es la democracia francesa la que está siendo ejecutada”, ha señalado el presidente del partido ultra, Jordan Bardella. Por su parte, el partido ha sido condenado a pagar una multa de dos millones de euros.
Entre los acusados, también se encontraba Louis Aliot, actual alcalde de la localidad de Perpiñán, que también corría el riesgo de perder el cargo como resultado de la sentencia. No obstante, el tribunal finalmente dejó en suspenso la pena de tres años de inhabilitación para “preservar la libertad de los votantes que eligieron a su alcalde”.
Rusia también ha utilizado la decisión judicial para criticar a Europa, mientras otros aliados europeos se manifiestan contra la condena.
“Cada vez más capitales europeas están tomando el camino de la violación de las normas democráticas”, ha señalado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, donde el presidente, Vladímir Putin, lleva 25 años dirigiendo el país.
Otros aliados europeos también se han pronunciado a favor de Le Pen. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha publicado el siguiente mensaje en redes sociales: “Je suis Marine” [yo soy Marine]. Otro líder de la extrema derecha europea, el viceprimer ministro italiano Matteo Salvini, ha denunciado “la declaración de guerra de Bruselas”.
A diez años de una primera denuncia
El affaire de los asistentes parlamentarios viene con Marine Le Pen desde que sucedió a su padre en el liderazgo del partido en 2014. Ese año, la Oficina europea de lucha contra el fraude (OLAF), el órgano de control del Parlamento Europeo, recibió una primera información anónima sobre las posibles irregularidades en los contratos de los asistentes parlamentarios del entonces Frente Nacional.
En febrero de 2015, las sospechas tomaron cuerpo cuando el propio partido publicó un organigrama oficial en el que figuraban 16 diputados europeos y una veintena de asistentes parlamentarios en cargos relacionados con responsabilidades políticas en Francia y no en Bruselas o Estrasburgo. En marzo de ese mismo año, el entonces presidente del Parlamento, Martin Schulz, notificó el caso al Ministerio de Justicia francés, que a su vez lo remitió a la Fiscalía.
Comenzó entonces una larga instrucción que se dilató de manera exasperante antes de llegar a juicio, en gran parte por los numerosos recursos interpuestos por los abogados del partido de extrema derecha y por la negativa de los acusados a presentarse a la mayoría de citas judiciales.
Las investigaciones permitieron a los fiscales aportar, entre otras pruebas, un correo electrónico que el tesorero del partido, Wallerand de Saint-Just, envió a Le Pen advirtiéndole de la grave situación financiera. “En los próximos años, no vamos a conseguir salir adelante si no realizamos grandes ahorros gracias al Parlamento Europeo y si no obtenemos devoluciones importantes [por parte del Estado francés, que reembolsa una parte de las campañas electorales”.
Una estrategia que confirman los testimonios de varios protagonistas –algunos de ellos, hoy enfrentados con su antiguo partido–, que afirmaron a los investigadores que Le Pen habría dado consignas explícitas a los eurodiputados para que contratasen un solo asistente y que el resto del presupuesto fuera transferido y gestionado por el partido de forma centralizada.
En su calidad de presidenta del partido, Marine Le Pen desempeñó un “papel central” en el sistema y permitió a sus allegados enriquecerse con fondos de la Unión Europea, afirmó el fiscal en su escrito de acusación. La líder estaba en el centro del “sistema de malversación” organizado y centralizado.
Marine Le Pen se presenta ahora como víctima de un complot que buscaba “su muerte política”. “Si se me prohibiera presentarme por la ejecución provisional, es decir, la imposibilidad de que mi recurso pudiera tener influencia alguna en la decisión que se ha tomado, se trataría sin duda de una decisión profundamente antidemocrática, ya que privaría al pueblo francés de elegir potencialmente a su futuro Presidente de la República”, denunció. (Con información de eldiario.es)