El fiscal general Federico Carniel y la fiscal cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mángano, pidieron ayer (25/08) al Tribunal Oral de Resistencia (Chaco) que condene a Élida Mambrín a la pena de 15 años de prisión, por considerarla coautora del delito de trata de personas con fines de explotación sexual en perjuicio de setenta víctimas; de un caso de abuso sexual gravemente ultrajante y de un caso de abuso sexual simple, todos en concurso real. Además, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitaron que se imponga la pena de tres años de prisión en suspenso para Lorena Quintana por considerarla partícipe secundaria del delito de trata de personas. También se investiga a funcionarios que accedían a los «favores sexuales» de las mujeres explotadas.
Por otro lado, en consonancia con lo requerido por el Defensor Público de Víctimas del Chaco, Gustavo Vargas, solicitaron también la reparación económica de las víctimas y el decomiso de los bienes cautelados en la causa.
Las dos mujeres fueron acusadas de reclutar a las víctimas a través de la asociación civil No me olvides y de exigirles que realicen los mal llamados “favores sexuales” a hombres vinculados al poder chaqueño, a cambio del acceso a “becas” o planes pagos con dinero público de los que también se beneficiaban aquellos. En vez de serles exigidas como contraprestación actividades ligadas a la función pública, se les exigía a las víctimas que tuvieran relaciones sexuales y otras prácticas humillantes con funcionarios públicos. Los hechos habrían ocurrido entre marzo de 2018 y marzo de 2020.
Rodolfo Vallejo y Élida Mambrín
Para los fiscales, Mambrín tuvo un rol fundamental en los hechos y calificaron como “vital” la participación de Quintana. “Su rol no tiene que ser desatendido”, señaló Mángano. La misma acusación con la que Mambrín llegó a debate pesaba respecto de Rolando Vallejo (alias «Kilo»), quien se suicidó el año pasado luego de permanecer prófugo durante dos meses.
Por otra parte, existe una causa que se encuentra en etapa de instrucción en el Juzgado Federal de Resistencia en la que se investiga la participación de los funcionarios.
Según la investigación, Mambrín y Vallejo captaban a las víctimas con ofrecimientos de trabajos para el Estado a través de las redes sociales y avisos radiales. Una vez seleccionadas, les exigían buena presencia, físico y vestimenta y las exhibían en distintos organismos públicos donde funcionarios podían elegir a alguna y ofrecerle “otro tipo de encuentro”. De esta manera, las personas acusadas obtenían a cambio influencia políticas.
El debate, presidido por Eduardo Belforte, Juan Manuel Iglesias y Delfina Denogens, comenzó el 12 de agosto. En la audiencia de ayer, además de los alegatos de la fiscalía, también expusieron las querellas -el abogado de una víctima y el Defensor Público de Victimas provincial- y las defensas de las acusadas. El 30 de agosto se conocerá la sentencia.
El fiscal Carniel señaló que la asociación civil No me olvides «vivía de los aportes que realizaban el Ministerio de Desarrollo Social de Chaco, la Lotería Chaqueña y distintos organismos del Estado».
«Un método de seleccion no convencional»
Al comenzar su alegato, Carniel se refirió a la etapa de captación de las víctimas de este caso. “Las mujeres, en extrema situación de vulnerabilidad, eran sometidas a un método de selección no convencional. Se las interrogaba acerca de si tenían hijos, o familiares en la policía y les decían que tenían que estar siempre lindas, con buena imagen y bien vestidas porque el universo de trabajo eran personas políticas de la provincia de Chaco”, relató el fiscal.
El representante del MPF explicó que, una vez que las incorporaban, los directores de la asociación civil les decían que debían abonar 300 pesos y que luego las sacaban a pasear en auto para “exhibirlas” en distintos actos públicos e incluso cumpleaños. El fiscal remarcó que las víctimas estaban bajo la amenaza de quedar “en la calle” o de perder el único ingreso que tenían: la beca.
“Ambos, Mambrín y Vallejo, hacían gala de que tenían muchos contactos en el mundo de la política y el Poder Judicial. Si las mujeres se negaban a algo había reacciones violentas porque supuestamente ‘los dejaban mal parados’”, afirmó Carniel.
“La asociación civil no vivía de los 300 pesos que le cobraba a cada una de las chicas. Ese dinero era utilizado para beneficio personal. Vivía de los aportes que realizaban el Ministerio de Desarrollo Social de Chaco, la Lotería Chaqueña y distintos organismos del Estado”, aseguró el representante del MPF.
“El único fin de los tratantes era la explotación sexual de las mujeres y valerse de esa posición de poder para su propio beneficio económico y político”, concluyó.
Mángano: “No podemos olvidar las distintas formas de corrupción pública en este caso. Se cruzan bienes, servicios, insumos, mercadería y salarios públicos para garantizar deseos sexuales de funcionarios”.
El fiscal aseguró que se encuentra acreditado en la causa que las víctimas eran también sometidas a hechos de acoso, manoseos y tocamientos por parte de Mambrín y Vallejo. También se refirió a los hechos de abuso sexual gravemente ultrajante y de abuso sexual simple en perjuicio de dos víctimas.
Por último, Carniel hizo mención a la situación de vulnerabilidad respecto a todas las víctimas de este caso y destacó que fue corroborada a través de las entrevistas realizadas por parte de las profesionales del Programa Nacional de Rescate. “Las profesionales hicieron un diagnóstico muy certero sobre este punto. La vulnerabilidad de las víctimas está atravesada por múltiples factores: económico, social, laboral”, sintetizó.
Por su parte, Mángano destacó que los hechos denunciados y que se encuentran bajo análisis en el juicio exhiben múltiples violaciones a los derechos humanos de las mujeres. En ese sentido, encuadró los casos como violatorios de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (conocida como la Convención de CEDAW, por sus siglas en inglés), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (de Belem Do Para), a las cuales Argentina ha adherido, y de la Ley de Protección Integral a las Mujeres N° 26.485. “En los hechos relatados se evidencian episodios de violencia sexual, simbólica, institucional y psicológica”, remarcó.
“No podemos olvidar las distintas formas de corrupción pública en este caso. Se cruzan bienes, servicios, insumos, mercadería y salarios públicos para garantizar deseos sexuales de funcionarios”, señaló la fiscal.
Luego se refirió específicamente al delito de trata de personas. “La trata sexual es un negocio en el cual el 98% de las víctimas son mujeres y más del 99% de los denominados ‘clientes’ son varones. La trata es una forma de discriminación. En este caso particular, la explotación sexual se llevaba a cabo en el ámbito de la política, un espacio ocupado mayormente por varones, a través de una especie de ‘vidriera móvil’ de mujeres”, describió.
Con respecto a la captación de las víctimas, la fiscal señaló que se realizaba “de boca en boca” para luego “montar una fachada”, que era fortalecer mujeres para el ingreso a cargos públicos. “En realidad, era la boca de ingreso para ser mostradas, exhibidas, tocadas, vulneradas y abusadas”, puntualizó la fiscal.
“El ofrecimiento se daba hacia terceras personas. El intercambio eran mujeres como objetos. No se trata de un caso de acoso laboral. Las mujeres eran llevadas específicamente para ser explotadas sexualmente bajo la amenaza de sufrir un mal inminente”, sintetizó Mángano.
“El único fin de los tratantes era la explotación sexual de las mujeres y valerse de esa posición de poder para su propio beneficio económico y político”, dijo Carniel.
El caso
La investigación se inició en marzo de 2020 a raíz de la declaración de cuatro mujeres ante la Secretaría de Derechos Humanos y Género de Chaco. En esa oportunidad, denunciaron que un grupo de 70 mujeres habrían sido víctimas de los responsables de la asociación civil No Me Olvides.
Según la investigación, las víctimas tomaban conocimiento de la existencia de la asociación a través de otras mujeres ya becadas y de publicidad y avisos radiales que detallaban la dirección del lugar. Una vez que enviaban sus currículums, eran entrevistadas por Vallejos y Mambrín. En la selección tomaban en cuenta su apariencia física, situación sentimental y familiar. Se les indicaba que debían cuidar su imagen y estar siempre arregladas porque trabajarían para políticos.
Las chicas con estas características pasaban a formar parte de la asociación como socias activas, debiendo realizar un aporte de una cuota mensual de 300 pesos, que era para el pago del alquiler del local.
Los relatos de las víctimas coinciden en que al prestar funciones en la sede de la asociación eran acosadas y abusadas. Varias de ellas señalaron que tanto Vallejo como Mambrín les hacían chistes con contenido sexual, tratándolas como sus amantes y les hacían preguntas específicas sobre la situación sentimental en la que se encontraban. Además señalaron que les hacían exigencias sobre su vestimenta y apariencia, que les pedían que usen ropas “seductoras y llamativas”, que fueran maquilladas y que les exigían que no aumentaran de peso. También aseguraron que Vallejo y Mambrín las tocaban, por ejemplo, cuando pasaban a su lado.
Agregaron que eran “exhibidas” a distintos hombres, a quienes eran ofrecidas como secretarias. Para ello, las hacían “pasear” en la camioneta de la asociación y las trasladaban a las oficinas del Correo Argentino, de Vialidad y distintas áreas del gobierno, para mostrarse ante funcionarios públicos. En esas circunstancias debían mostrarse “dando la vuelta”.
Asimismo, y particularmente con el ex subsecretario de Transporte, señalaron que el ofrecimiento de chicas era a cambio de dinero, vales de nafta y vehículos para la asociación.
De acuerdo con la acusación que llegó a debate, todos esos mecanismos operaban manipulando a las mujeres como un bien disponible para sus propósitos. Cuando las víctimas no querían acceder a estos ofrecimientos, los imputados trataban de convencerlas diciéndoles que ese dinero les iba a servir para sus familias. De esta manera, algunas fueron obligadas a prostituirse por la necesidad de mantener la beca, debido a que era el único ingreso económico que tenían.
La acusación detalla que Vallejo y Mambrín se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad económica en la que se encontraban esas mujeres así como de la concesión de beneficios –las becas, motos o departamentos- para obtener el consentimiento de aquellas para mantener encuentros sexuales con los “amigos” de Vallejo. Una de las víctimas refirió en la pesquisa que Kilo “piensa que somos su propiedad, sus esclavas, que él es nuestro dueño y nos puede hacer cualquier cosa”. (www.fiscales.gob.ar)