La causa por la identidad de los hijos adoptivos de la empresaria Ernestina Herrera de Noble entrará el lunes en una etapa decisiva cuando en el Banco Nacional de Datos Genéticos se inicie formalmente la pericia de ADN para determinar si son hijos de desaparecidos durante la dictadura. Simultáneamente, la Cámara Federal de San Martín comenzará a resolver el pedido de apartamiento de la jueza de la causa, Sandra Arroyo Salgado, en una audiencia citada para las 9 de la mañana y a la que fueron convocadas todas las partes.
Al rechazar la recusación que le formulara el nuevo abogado de la dueña de Clarín, el ex camarista federal Gabriel Cavallo, la jueza Arroyo Salgado le adjudicó un afán dilatorio y reiteró que las pericias que había ordenado iniciar el lunes a las 8 de la mañana no se suspenderán.
A esa hora, fueron citados al laboratorio de histología del Banco Nacional de Datos Genéticos que funciona en el Hospital Durand de la Capital los peritos ya presentados por las partes ante el juzgado federal número 1 de San Isidro, donde se tramita la causa.
Con la presencia de estos para corroborar la idoneidad del procedimiento, los especialistas de BNDG abrirán los sobres que contienen las prendas íntimas y zoquetes requisados a Marcela y Felipe Noble Herrera el pasado viernes 28 de mayo para extraer de ellos material biológico necesario para la prueba de ADN.
La querella, representada por las Abuelas de Plaza de Mayo, designó como su perito al bioquímico Carlos Vullo, mientras que la defensa de Ernestina de Noble y sus hijos adoptivos nombró a la especialista Ana María Di Lonardo, ex directora del BNDG, y a los genetistas Alejo Ruiz Trevillón y Primarrosa Chieri.
El procedimiento será estrictamente técnico y circunscripto a un recinto cerrado, pero será seguido a partir de las 10 por manifestantes de diversas organizaciones que convocaron a un «abrazo simbólico» al Banco de Datos Genéticos.
Allí se almacenan las muestras de sangre de familiares de desaparecidos durante la última dictadura que buscan nietos nacidos en cautiverio y los restos de sus seres queridos para su eventual cotejo bajo estrictas directivas judiciales.
La convocatoria fue hecha, entre otros, por el sindicato de trabajadores de la educación SUTEBA, el gremio estatal ATE y otras organizaciones vinculadas a la central sindical CTA luego de que el abogado Cavallo pusiera en tela de juicio la transparencia de la institución al denunciar la eventual «manipulación» de datos genéticos.
A esa hora, la integrantes de la Cámara Federal de San Martín habrán comenzado ya a escuchar los informes del ex camarista Cavallo, quien pidió la recusación de la jueza aduciendo que había prejuzgado en el caso.
La cámara es el mismo tribunal que la designó hace apenas mes y medio, el pasado 27 de abril, luego de apartar al juez Conrado Bergesio por incumplir reiteradamente sus ordenes referidas a efectivizar el análisis de ADN de los jóvenes Noble Herrera, un trámite reconfirmado por la Cámara Nacional de Casación Penal.
Arroyo Salgado es la tercera jueza en esta causa iniciada hace nueve años, ya que el primer juez, Roberto Marquevich, fue destituido por un jury luego de haber detenido a la dueña de Clarín durante dos días e imputarla por falsificación de la documentación de las adopciones.
En la audiencia ante la Cámara Federal de San Martín también podrán exponer su posición los querellantes, incluidos los abogados de las Abuela de Plaza de Mayo, los representantes legales de los jóvenes y la fiscal del caso, Rita Molina.
Luego de escucharlos, el tribunal se retirará a deliberar y podría expedirse a partir de la misma tarde del lunes, como ocurrió en la audiencia de apartamiento de Bergesio, o en los días subsiguientes.
