El general Alejandro Maggi, comandante en jefe de la III División del Ejército en Valdivia, en el centro sur de Chile, trabajó como agente de la policía secreta de Augusto Pinochet (1973-1990) y como tal consta en una lista que tiene la justicia.
La revelación trascendió a la prensa y el de Maggi se convirtió en el segundo caso similar en la semana, luego de que se supiera que el general Guillermo Castro, jefe del Estado Mayor del Ejército, también había integrado la entonces Central Nacional de Informaciones (CNI).
Los nombres de los dos jefes militares figuran en documentos judiciales que dan cuenta de la participación de ambos en la Central luego convertida en la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), coincidieron en revelar la agencia Prensa Latina y el portal de internet de Radio Bio Bio.
En junio de 1998, el Ejército envió una lista con 539 agentes de la policía secreta del régimen de Pinochet al juez Sergio Muñoz, quien investigaba el crimen del sindicalista Tucapel Jiménez, y en el número 255 de esa nónima aparecía Maggi.
Pese a la conmoción causada, el Gobierno dejó claro que no se inhabilitará a militares activos porque en algún momento de su carrera hayan sido destinados a la CNI, política que, alegó, heredó de las administraciones de la ahora opositora Concertación chilena.
Fue el ministro de Defensa, Andrés Allamand, quien sentó la posición gubernamental, aunque aclaró que si se comprobase que alguien hubiera incurrido en actos contra los derechos humanos, «la situación sería distinta».
El presidente Sebastián Piñera afirmó que «ninguna persona que tenga responsabilidad en materia de violación a los derechos humanos va a ser parte de las Fuerzas Armadas», un compromiso que juzgó «inquebrantable».
Sin embargo, varias fuerzas opositoras y organizaciones sociales y de derechos humanos exigen la renuncia inmediata de los altos jefes militares.