El Consejo Político Provincial del Partido Justicialista, presidido por Luis Viana, decidió presentar un recurso de apelación ante la Cámara Nacional Electoral, por la medida dispuesta por el juez federal Ramón Claudio Chávez, respecto a la convocatoria a elecciones internas del PJ para el 24 de febrero del 2013.
Además, el Consejo Político rechazó la intromisión del magistrado en la vida interna del PJ, «cuestión vedada por la Ley de los Partidos Políticos y por la Cámara Nacional Electoral», al haber infringido, deliberadamente, el debido proceso y el ámbito de reserva de los partidos políticos de autodeterminar su vida interna. Asimismo, se procedió a ratificar el cronograma electoral dispuesto el pasado 27 de noviembre, cuando se resolvió convocar a elecciones internas para el 31 de marzo del 2013.
Ante esto, el Consejo Político Provincial sostuvo y ratificó sus «facultades excluyentes de regular su vida interna partidaria, por lo que se rechazó, no solamente la convocatoria, sino además la intervención de la Junta Electoral designada a dedo por el juez Chávez, instruyendo al Tribunal de Disciplina del PJ que tome medidas contra estos integrantes, por inconducta partidaria y procedió a la suspensión de los efectos de la afiliación de los mismos».
Por otro lado, el Consejo presidido por el titular del PJ, Luis Viana, denunció «una maniobra política de intereses ajenos al Partido, para acallar e intervenir al Justicialismo, ya que la acción del juez Chávez atenta claramente contra la participación ciudadana (teniendo en cuenta que se fijó para el 28 de enero la fecha para presentación de las listas de candidatos)». Y en ese sentido, advirtió que con la maniobra del juez Chávez, «se busca claramente la proscripción del Justicialismo», y resulta autocontradictoria con la resolución dictada por el mismo Chávez, que declaró irrazonable la convocatoria a elecciones dispuesta por Rovira para el 30 de enero de 2005.
Además, el Partido Justicialista, propiciará la presentación de una denuncia ante el Consejo de la Magistratura, «por fallas jurídicas gravísimas del magistrado, y la violación del ámbito de reserva del PJ, como así también por la afectación de la Ley de Defensa de la Democracia».