La presidenta Cristina Fernández de Kirchner aprobó las disposiciones complementarias a la prórroga del Presupuesto 2010 de la Administración nacional, para su aplicación en 2011, mediante el decreto 2054, publicado en el Boletín Oficial y firmado por todos los ministros. Entre esas disposiciones, la norma instruye al Ministerio de Economía a integrar el Fondo de Desendeudamiento Argentino, creado en marzo pasado, por hasta 7.504 millones de pesos.
Esa suma será destinada «a la cancelación de los servicios de la deuda pública con tenedores privados correspondientes al ejercicio fiscal 2011», dice el artículo 22 del decreto.
En los considerandos de la norma se explica que «los logros en materia de reducción de los costos de financiamiento obtenidos por la utilización del Fondo de Desendeudamiento Argentino durante el ejercicio 2010, conjuntamente con el incremento en el monto de reservas internacional observado, ameritan dar continuidad a dicho fondo durante el ejercicio 2011».
De este modo, continúa el decreto, se dará «certeza sobre el normal cumplimiento de las obligaciones del Estado nacional, aun en caso de que persista la volatilidad en los mercados financieros internacionales».
Para instrumentar el Fondo se autoriza a Economía a colocar al Banco Central de la República Argentina «un instrumento de deuda pública que será suscripto con el monto de las reservas de libre disponibilidad necesario».
Ese instrumento de deuda consistirá en una letra intransferible, denominada en dólares, amortizable íntegramente al vencimiento, con un plazo de amortización a diez años.
La letra tendrá una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del BCRA por el mismo período y hasta un máximo de la tasa Libo anual, menos un punto porcentual, mientras los intereses se cancelarán semestralmente.
El decreto fija además para el ejercicio 2011 un monto máximo de 14 mil millones de pesos, autorizados a la Tesorería General de la Nación, para hacer uso transitorio del crédito a corto plazo.
También se estipula, una suma de 6 mil millones de pesos para que la Secretaría de Hacienda emita y coloque Letras del Tesoro a plazos que no excedan el ejercicio financiero.
Esos títulos serán utilizados «como garantía para las adquisiciones de combustibles líquidos y gaseosos, la importación de energía eléctrica, la adquisición de aeronaves, así como también de componentes extranjeros y bienes de capital de proyectos y obras públicas nacionales, realizadas o a realizarse».
Otro artículo del decreto, el 13, fija en 7.599,7 millones de dólares para el ejercicio 2011 el monto máximo de autorización al órgano responsable de la coordinación de los Sistemas de Administración Financiera, para realizar operaciones de crédito público adicionales, destinadas a financiar «inversiones prioritarias».
El artículo 16, en tanto, autoriza al órgano coordinador de los sistemas de administración financiera, a otorgar avales, fianzas o garantías de cualquier naturaleza, «a efectos de garantizar las obligaciones destinadas al financiamiento de las obras de infraestructura y/o equipamiento», por un máximo de 18.180 millones de dólares.
Por otra parte, según el artículo 18, el Poder Ejecutivo nacional podrá formalizar operaciones de crédito público con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, por un máximo de 2.500 millones de dólares.
El artículo siguiente fija en 3.700 millones de pesos el importe máximo de colocación, durante el ejercicio fiscal 2011, de bonos de consolidación y de bonos de consolidación de Deudas Previsionales, para hacer frente a compromisos del Estado.
Asimismo, el decreto prorroga las erogaciones de política anticíclica destinadas a promover la actividad económica, sostener el nivel de empleo y dar cobertura a la emergencia sanitaria y a la asistencia social.
Entre otras disposiciones, el decreto incluye la disponibilidad de recursos para atender las necesidades del nuevo Ministerio de Seguridad; faculta al Ministerio de Economía a capitalizar en 100 millones de pesos al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE); y establece que el Estado nacional atenderá las obligaciones emergentes de las diferencias que se produzcan entre la tarifa reconocida a la Entidad Binacional Yacyretá.
