El día 19 de abril trascendió que se dio un brote de COVID en una residencia de larga estadía en Posadas, que desarrollaba tareas en forma clandestina y desde entonces sumó un óbito y más casos. El hecho se conoció a cinco días de la visita de una comisión del Observatorio de Derechos de las Personas Mayores, que funciona en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de Posadas, oportunidad en que se intimó a la responsable del negocio que se ajustara a las normativas vigentes. Desde entonces, «La Familia» -tal el nombre de fantasía de la institución- es una bomba biológica: de 6 residentes y una trabajadora contagiadas el 19 de abril, se pasa a la actualidad a 17 personas infectadas en total, cuatro de ellas trabajadoras del lugar, y un óbito. La fallecida estaba internada y murió hace una semana.
La residencia «La Familia», ubicada en Francisco de Haro, a pocas cuadras de Trincheras de San José, ofrece desde hace más de tres años servicios asimilados a residencia gerontológica de manera marginal, aunque aloja también a personas discapacitadas menores de 60 años.
Podría haber consecuencias legales, pues los responsables de la residencia no facilitaron la vacunación anticovid a los residentes en su momento, negándoles el derecho a la salud y poniendo en riesgo sus vidas innecesariamente, tan solo por el afán de proteger su actividad informal, que incluye hasta evasión impositiva pues cuenta con trabajadores no registrados y no factura los servicios que presta.
Ya son diez las residencias con casos COVID notificados en lo que va del año, aunque en los últimos casos los residentes estaban vacunados, pues notificaron a Salud Pública sobre la situación y fueron incluidos en la nómina de instituciones donde se procedió con las inmunizaciones, internaciones y tratamientos en caso de ser necesario.
«La Familia», administrada por Nora Cordero, aloja a 22 adultos mayores.
La institución, de cuyo registro no hay antecedentes, fue visitada por miembros del Observatorio de Derechos Humanos de los Adultos Mayores (Defensoría del Pueblo de Posadas) el jueves 15/04.
En el lugar se constataron diversas irregularidades: la primera de ellas es que funcionaba sin habilitación alguna ni cumplía con los protocolos establecidos por Salud Pública de Misiones, que regula el funcionamiento de las residencias de larga estadía. Y menos aún con los específicos en pandemia.
El ingreso de personas sin control de temperatura; el retiro y reingreso de residentes por parte de sus familiares, lo que eleva considerablemente el riesgo de contagios, así como la falta de constancias de vacunas, que -según dijo la encargada- estaban en poder de algunos familiares que llevaron a vacunarlos, aunque admitió que no pidió el servicio a Salud Pública.
La bomba biológica detectada el 15 de abril no se pudo desactivar, porque al día siguiente de la visita, un paciente presentó un cuadro febril y el sábado 17/04 los familiares lo llevaron a hisopar; el test dio positivo, regresándola de manera imprudente a la residencia.
El lunes 19/04 la responsable se comunicó con Salud Pública y se testeó a toda la población con el resultado de seis residentes y una trabajadora positivos.
Salud Pública no informó sobre el estado de salud de los pacientes ni de qué manera fueron aislados los positivos del resto de los residentes, o la forma que se cumple con los protocolos para evitar más contagios y vacunar a quienes no recibieron aún la vacuna, en caso de que fuera pertinente.
Más allá de la situación planteada, estrictamente sanitaria, hay una responsabilidad ausente en los administradores del establecimiento, quienes negaron a sus residentes la posibilidad de haberse vacunado en tiempo y forma, lo que debe tener consecuencias administrativas y legales, accionadas desde el Estado y los familiares.
Lo cierto es que dos semanas después siguen sumando casos de residentes y trabajadoras contagiados, lo que pone en evidencia que falló el sistema de aislamiento (burbujas internas), se mantiene el riesgo de más contagios y que el brote se cobre más vidas.
Los familiares de los 22 residentes han sido citados por la Defensoría del Pueblo de Posadas para darles a conocer toda la información que se dispone y recabar a su vez más datos de cómo ven ellos la administración del sitio.
Desde enero fueron diez las residencias en las que se presentaron casos de COVID19, destacándose los brotes de este año en Oberá (El Remanso, trece contagiados, tres fallecidas); Eldorado (Santa Marta, 30 contagiados, cuatro decesos); Esperanza (catorce contagiados; no se informó sobre el número de óbitos); Iguazú (San Ramón, nueve contagiados, tampoco se informó el número preciso de fallecimientos); Eldorado (Los Abuelos, 19 contagiados, una residente fallecida); y cinco de Posadas: La Familia (22 residentes, 17 contagiados; trece de ellos residentes y un óbito), Lalita (16 contagiados, de ellos, trece residentes, y un fallecido), Abuela Inda (trece contagiadas, once de ellas residentes), Padre Pío (una paciente) y San José (tres contagiados), en las que los pacientes evolucionaron satisfactoriamente.