La última sesión ordinaria de la Convención Constituyente estuvo marcada por una orden de la justicia Civil que decidió suspenderla y fijar nueva fecha de reunión para el 29 del corriente. Estuvieron ausentes los convencionales opositores. Hubo reclamos de la asociación de consumidores por la incorporación a la nueva Carta Orgánica del Sistema Integrado del Transporte Urbano Metropolitano. La Convención fijó para el 26 de octubre una nueva reunión para aprobar la redacción completa del texto ordenado de la Carta Orgánica y la jura para el 8 de noviembre aniversario de la ciudad de Posadas. Se incluyó en la Carta Orgánica al Sistema Integrado de Transporte.
El quorum de la sesión integrada por cinco convencionales del oficialismo lo dio Carlos Contristano, del Pro. La asamblea fue presenciada hasta finalizar, por la vicegobernadora Sandra Giménez.
La convencional de la Renovación, Silvina Ramos dijo que el comienzo fue difícil porque «nos vimos sometidos a una resolución judicial que nos sorprendió esta mañana (por ayer)», donde una jueza que «consideramos que no es competente para actuar con un recurso de amparo intentó suspender la sesión, por lo que consideramos que no corresponde y hemos rechazado esa resolución judicial, y ya nos estamos presentando en el Superior Tribunal de Justicia, para que este conflicto de poderes se resuelva» en esa máxima instancia.
Con el voto del presidente del cuerpo fue aprobado el polémico dictamen por el cual no estaba de acuerdo la oposición, referido a la incorporación a la Carta Orgánica municipal, del Sistema Integrado de Transporte Urbano Metropolitano de la ciudad de Posadas, por ser » un factor determinante en la política de ordenamiento y reeducación de la movilidad urbana, y constituir el marco regulatorio y de prestación de todos los servicios de transporte masivo».
El presidente de la asociación de Consumidores de Misiones, Rolando Gutiérrez intentó expresar su disconformidad en el recinto, antes de aprobarse dicha concesión, pero no pudo. Dijo «estamos en desacuerdo que se otorgue esa preferencia directa en la práctica a una empresa, se estarían conculcando derechos elementales como derecho de defensa de la competencia, el derecho de usuarios y consumidores, que son garantías constitucionales»