El juez Federal de Posadas, Misiones, Claudio Chávez, ordenó el cierre de las transmisiones del Canal 4 de TV de la capital provincial, lo que generó inquietud en las 30 familias que dependen del funcionamiento de la empresa. De esta manera, el diputado nacional Ramón Puerta, pierde a manos de un testaferro el manejo de una estación local de televisión.
Carlos Valenzuela, que se presentó públicamente como titular de la licencia, indicó que por la vigencia de la Ley de Comunicación Audioviosual se hizo cargo de la titularidad de la concesión de la frecuencia, tal como lo indica documental en su poder, que le asigna tal derecho desde 1995.
Valenzuela aseguró que garantiza la continuidad laboral y convocó a los trabajadores a la nueva sede de Canal 4, en la calle Aberdi 10 de Posadas.
El empresario dijo que mantendrá la línea editorial, ya que «en el plano político, en esta provincia todos me conocen, así que saben cómo pienso».
De esa manera respondió a preguntas acerca de si el medio continuará con una línea opositora.
Mientras ello ocurría, arreciaban las versiones referidas a la intromisión del Gobierno Provincial para lograr el fallo judicial favorable a Valenzuela, aunque ninguno de los que impulsaba esos comentarios pudo dar certezas acerca de sus dichos.
El juez Chávez mandó a la Gendarmería a cumplir con la orden de impedir las emisiones de Canal 4 bajo la administración de personas que no cuentan con la licencia para la explotación de la frecuencia.
Los empleados, que se resisten a trabajar bajo las directivas de Valenzuela, que es el titular de la licencia, criticaron al juez Chávez por darle la razón a «un socio minoritario, que se arroga en forma fraudulenta la propiedad de la frecuencia», ya que «ni siquiera pidió a la autoridades de aplicación de la Ley de Medios los originales del empadronamiento, a favor de Trincheras de San José SA», que preside el contador Juan Ramón Langton, ex Presidente del Instituto de la Vivienda provincial durante la gestión de Ramón Puerta como Gobernador de Misiones.
La relación de Langton con Puerta se consolidó cuando el ex gobernador y actual diputado nacional presidía el Senado de la Nación, pues Langton era la máxima autoridad administrativa de la Cámara Alta, función que terminó abruptamente tras la brevísima gestión de Presidente provisional que tuvo el misionero ante la renuncia de Fernando de la Rúa.
Era vox populi que Puerta manifestaba ser el dueño del Canal 4 y que Valenzuela fue su testaferro ante el COMFER cuando se inscribió para obtener la licencia, lo que finalmente logró.
Ahora, una situación legal tambaleante (poco clara) respecto de la composición societaria de Canal 4/Trincheras de San José SA, diferencias económicas y chisporroteos políticos entre Puerta y el grupo de seguidores que integraba Valenzuela, derivaron en la presentación judicial que resultó adversa para el grupo adicto a Puerta.
Valenzuela afirmó el miércoles 12 que el «nuevo Canal 4» está ubicado sobre calle Alberdi de Posadas, y que desde el viernes próximo todos los empleados cumplirían desde allí sus funciones.
El Gobierno provincial, al que los trabajadores y algunos sectores opositores lo ubican como ideólogo de la movida que priva a Puerta del único medio afín que tenía, no respondió a esas acusaciones y se llamó a un prudente silencio, en el convencimiento de que será la Justicia la que resolverá el intríngulis legal entre los socios, según revelaron funcionarios que pidieron reserva de su identidad.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-Misiones) se solidarizó con los trabajadores y directivos del canal y advirtió «que no es ajena a esta forma de violencia, la empresa Cablevisión SA», distribuidora de la señal por cable.
La CTA MISIONES -Central de los Trabajadores de la Argentina-, puso de manifiesto su «mas enérgico» repudio ante los hechos que «teñidos de legalidad intentan acallar la voz de un canal de televisión independiente, independencia que no es soportada por los que ostentan el poder en nuestra provincia».
De su lado, el Sindicato Argentino de TV (filial Misiones), se manifestó de manera contemporizadora, al asegurar que el empresario Valenzuela garantizó el sostenimiento de la fuente de trabajo.
El Sindicato de Prensa de Misiones no se expidió y, en líneas generales -el miércoles, por lo menos-, la mayoría de los medios informó escuetamente sobre el procedimiento ordenado por la Justicia Federal, aunque no consolidó opinión alguna.
Las redes sociales, motorizadas por los trabajadores del Canal 4, registraron adhesiones variadas de la audiencia, que reaccionó solidariamente ante una situación que en realidad coronó una serie de episodios de origen irregular, con socios ocultos (obligados ahora a mostrarse), con las consecuencias que se hicieron públicas.
