Carabineros de Chile reprimieron jueves a miles de secundarios que querían marchar por una educación gratuita, en un rechazo anticipado a la propuesta del gobierno para superar la crisis del sector, tanto en Santiago, donde detuvieron unos 130 estudiantes, como en otras ciudades del país. La marcha en Santiago, a la que asistieron alrededor de 10.000 alumnos secundarios, según la agencia Ansa, no fue autorizada por el gobierno, que acusó de «intransigencia» a los dirigentes estudiantiles.
El vocero del gobierno chileno, Andrés Chadwick, primo del presidente Sebastián Piñera, dijo que los estudiantes «no son dueños del país y por eso hay que hacer respetar la ley».
Unos mil efectivos policiales cercaron a los estudiantes que intentaban concentrarse en la Plaza Italia, el principal punto de encuentro de celebraciones políticas y deportivas de Santiago.
Las fuerzas de seguridad cerraron las rejas de acceso al paseo público y las bocas de salida del tren subterráneo, para que los alumnos no accedieran al punto de concentración.
Testigos relataron que la policía también hizo detener los autobuses que se dirigían al lugar de la convocatoria y obligó a descender a todo joven «sospechoso» de dirigirse a la movilización.
Los policías utilizaron carros hidrantes y bombas lacrimógenas y, según la vocera de los secundarios, Laura Ortiz, «incluso se escucharon disparos».
La presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile, Camila Vallejo, consideró «inaceptable» la represión policial y aseguró que el centro de Santiago «se encuentra en estado de sitio».
Vallejo convocó, en su cuenta de Twitter, para la noche a un cacerolazo en todo Chile en «repudio a la represión contra los estudiantes».
También confirmó que una segunda marcha, convocada esta vez por los universitarios y el Colegio de Profesores, se iniciará a las 22.30 GMT (19,30 de Argentina) en el centro de Santiago, pese a que el gobierno exigió deponer la movilización de protesta.
En tanto, en el puerto de Valparaíso, 140 kilómetros al noroeste de Santiago, 5.000 estudiantes marcharon y se enfrentaron también con la policía.
En Concepción, 500 kilómetros al sur de la capital chilena, miles de estudiantes se sumaron a una marcha que también fue reprimida por las fuerzas policiales.
Las movilizaciones se realizaron en vísperas de que alumnos y profesores entreguen su respuesta al plan educativo presentado por el gobierno de Sebastián Piñera, que ya fue rechazado extraoficialmente por unas 10 federaciones de estudiantes de las principales universidades del país.
Las protestas también coincidieron con la publicación de una encuesta del influyente y patronal Centro de Estudios Públicos, que sitúa a Piñera con una aprobación del 26 por ciento, la cifra más baja para un mandatario en 20 años de democracia, y a los partidos opositores de la Concertación con 20 por ciento de aprobación.
El gobierno, fracturado en sus filas y sin consensos con la mayoría opositora de centroizquierda en el Senado, no logra concitar apoyo luego de tres cambios de gabinete en año y medio de gestión.
De hecho, el senador socialista Fulvio Rossi anunció un bloqueo legislativo al Ejecutivo, en protesta porque éste prohibió las manifestaciones apelando a un decreto heredado de la dictadura.
«Hemos visto represión hacia menores y se están vulnerando garantías constitucionales básicas, por lo que vamos a hacer un bloqueo en el Congreso a las iniciativas del gobierno», dijo Rossi.
Ayer, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, ante el anuncio de los estudiantes secundarios y universitarios de realizar sendas marchas defendió un decreto usado para disolver las manifestaciones no autorizadas, refrendado en su momento por el dictador Augusto Pinochet (1973-1990) y aún vigente, pese a que viola un artículo de la Constitución.
La crisis social y política que azota Chile, con un creciente rechazo al presidente Piñera y todas las élites políticas, está abriendo paso a una «primavera chilena», admitió hoy incluso el ex mandatario Ricardo Lagos, citado por la agencia DPA.
«Los tiempos han cambiado. El andamiaje político que emergió a principios de los 90 está obsoleto y ahora tenemos la obligación de ponernos de acuerdo en un nuevo sistema», admitió el líder socialista.
Unos 4 millones de jóvenes entre 18 y 30 años no están inscritos en los registros electorales y no pueden votar. La mitad de los hogares vive con menos de 1.000 dólares mensuales en un país donde diez familias poseen un patrimonio de 75.000 millones de dólares.
Ambos hechos resumen las inequidades de un país que fue mostrado como un ejemplo de desarrollo, ingresando incluso a la OCDE, el club de los países ricos.
Paradójicamente, hoy ese modelo de desarrollo excluyente es el puesto en entredicho por los movimientos sociales, en la antesala de las elecciones municipales de 2012 y presidenciales de 2013.