El gobierno de Bolivia denunció la existencia de «acciones políticas» para desestabilizarlo, luego de que grupos de policías rechazaran un acuerdo para poner fin al motín que iniciaron la semana pasada en demanda de mejoras salariales y la líder de la protesta dijera que suscribió ese convenio bajo amenazas. «El gobierno ha estado recibiendo informes sobre un escenario de golpe que es un grave indicio de alianzas de personas con partidos políticos que no se han pronunciado frente a la violencia», manifestó la ministra de Comunicación, Amanda Dávila.
Autoridades del gobierno y representantes sindicales firmaron este domingo a la madrugada un acuerdo de ocho puntos destinado a satisfacer las demandas de los policías de baja graduación, que se amotinaron el jueves pasado y el viernes y el sábado realizaron manifestaciones públicas.
El documento plantea, en lo esencial, una «agenda de tres puntos»: revisión de la ley del régimen disciplinario y creación de una defensoría del policía, nivelación salarial conforme a la estructura del funcionariado público y jubilación con ciento por ciento del haber mensual, informó la agencia noticiosa estatal ABI.
El instrumento fue suscripto por los ministros de Gobierno, Carlos Romero; de Economía, Luis Arce, y de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, así como por la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Teresa Zubieta, y representantes de la Asociación de Suboficiales, Clases y Policías (Anssclapol) y de la Federación Nacional Unica de Esposas de Policías.
Sin embargo, varios grupos de agentes parapetados en unidades policiales de La Paz y otros departamentos rechazaron el acuerdo, resolvieron no levantar las medidas de fuerza y amenazaron con desconocer la autoridad de los presidentes de la Anssclapol, Edgar Ramos, y de la Federación de Esposas, Guadalupe Cárdenas.
Incluso, imágenes de televisión mostraron a policías que habían tomado la Unidad Táctica de Operaciones (Utop), en La Paz, que reaccionaron con violencia y se trasladaron a la sede del Regimiento 1, donde sacaron a la fuerza a sus colegas que se alistaban a restablecer las tareas tras la firma del acuerdo.
Ante ese panorama, Cárdenas afirmó que fue obligada a firmar el acuerdo y denunció presuntas amenazas en su contra, que fueron desmentidas por el gobierno y por Zubieta.
Dávila aseguró que el convenio fue suscripto «de forma pública y sin ningún tipo de presión».
«El acuerdo se firmó en presencia de varios medios de comunicación, fue un acuerdo que se hizo público; por lo tanto, ¿qué presión puede haber?», sostuvo la ministra y añadió: «Al contrario, lo que ha ocurrido siempre ha sido el proceso de consulta permanente».
En tanto, Zubieta dio «fe y testimonio» de que el acuerdo fue el producto de dos noches «largas» de discusión entre las autoridades y los representantes sindicales, y que éstos tuvieron tiempo para consultar las cláusulas con sus bases para luego rubricarlas.
«Estoy tremendamente preocupada porque habíamos confiado en la honestidad de la dirigencia que estaba llevando la señora Guadalupe, quien, invitada por un grupo a la cabeza del suboficial Ramos, medió las demandas económicas ante el gobierno y todo lo quería hablar con las bases», dijo la dirigente humanitaria.
Pero Dávila fue más allá y sostuvo que la actitud de Cárdenas forma parte de un esquema «destinado a interrumpir el proceso, dentro del esquema del golpe de estado» que, según ABI, «algunos sectores están impulsando desde el jueves pasado».
«El gobierno ha estado recibiendo informes sobre un escenario de golpe que es un grave indicio de alianzas de personas con partidos políticos que no se han pronunciado frente a la violencia, que han ocultado la cabeza y han desaparecido frente a esos escenarios, y eso tiene que ver con las pruebas fehacientes de movilizaciones policiales y de armamento, de acuartelamientos armados mientras se estaba negociando», fundamentó la funcionaria.
«Exhorto a todas las esposas (de policías) para que este movimiento no concluya con un derramamiento de sangre, interrumpiendo el proceso democrático, porque hemos escuchado con preocupación que las bases sociales, las organizaciones sociales, dijeron públicamente que defenderán el proceso democrático y al presidente Evo Morales, que no va a suceder en Bolivia lo que sucedió en Paraguay», agregó.
Mientras tanto, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) se declaró en vigilia y advirtió que no permitirá un intento de golpe de estado, anunció su secretario general, Roberto Coraite.
«Ante estas movilizaciones nosotros no bajaremos la guardia; estamos en vigilia porque estamos viendo actuaciones unilaterales de algunos grupos que pertenecen a la Policía nacional, por lo que estamos dispuestos a movilizarnos, porque no permitiremos golpes de estado», indicó el dirigente.
