El miércoles, la marcha convocada por jubilados para reclamar por la mejora de sus haberes culminó en una serie de enfrentamientos con la policía, disturbios y 124 detenidos. La situación se desbordó cuando se sumaron a la protesta barras bravas de clubes de fútbol y militantes políticos, quienes protagonizaron los incidentes más violentos.
A lo largo del día, diversos actores políticos emitieron sus opiniones sobre los hechos ocurridos. Mientras el gobierno acusaba al kirchnerismo de orquestar una movilización con fines desestabilizadores, Villarruel sostuvo que, a pesar de la violencia, la manifestación debe entenderse dentro del marco de un sistema democrático.
“Yo, como abogada, siempre considero que ante cualquier hecho tan difícil como el que ocurrió ayer tiene que expedirse la justicia”, afirmó la vicepresidenta. Además, extendió su solidaridad tanto a los heridos en el evento, como a los efectivos de las fuerzas federales que se vieron involucrados en los incidentes. Según Villarruel, los agentes de seguridad, al igual que los manifestantes, también “ponen el cuerpo en situaciones de mucha violencia” y merecen el reconocimiento del Estado.
Por otro lado, la vicepresidenta de la Nación destacó que, aunque la protesta es una de las formas más legítimas de expresión en una democracia, la violencia no puede ser aceptada como un medio para defender ninguna causa. En este sentido, remarcó con firmeza que “la violencia no es la herramienta para manifestarse ni para defender ninguna causa”.
Las declaraciones de Villarruel se contraponen a las acusaciones realizadas por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien vinculó los incidentes con un intento de desestabilizar al gobierno, acusando al kirchnerismo de promover un “golpe de Estado”. Francos, en un diálogo con el periodista Eduardo Feinmann, dijo que los disturbios fueron provocados por “barrabravas” y militantes que “organizaron esta movilización con la intención de generar desestabilización”.
De acuerdo con Francos, la participación de los barrabravas y su actitud violenta en la marcha no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia organizada. En sus palabras, la protesta estuvo “organizada al grito de que se vayan todos”, lo que se interpreta como un intento de generar caos en la esfera política del país. Además, el gobierno defendió la actuación de la policía y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, asegurando que el uso de la fuerza fue legítimo para garantizar el orden público.
Sin embargo, la situación se complicó aún más cuando se conoció la decisión de la jueza Karina Andrade de liberar a la mayoría de los detenidos. Esta decisión fue criticada por el propio gobierno, que calificó la liberación de los arrestados como un “error”. Francos lamentó que, tras los disturbios, las personas que fueron detenidas por resistirse a la autoridad fueran liberadas rápidamente. “Debe aplicarse la ley con más dureza”, manifestó, afirmando que de repetirse este tipo de incidentes, el gobierno no dudará en “reprimir con más fuerza” a los manifestantes violentos.
Con relación a la jueza Andrade, el gobierno nacional anunció que presentará una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Así lo aseguró esta mañana el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien detalló que la medida se basa en un “posible incumplimiento de funciones” por parte de la magistrada.
“Los barras bravas son criminales organizados que ayer fueron al Congreso a destruir todo lo que tuvieran a su alcance y agredir a la policía”, escribió el ministro en un posteo en su cuenta oficial de X. Y agregó: “No se trató de una protesta ni del ejercicio de la libertad de expresión, se trató de delincuentes cometiendo delitos a la vista de toda la sociedad”.
Más de 110 personas fueron liberadas por decisión de la jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, horas después de haber sido detenidas por los incidentes registrados durante la marcha realizada ayer en el Congreso. De los 114 aprehendidos, 94 habían sido detenidos por la Policía de la Ciudad bajo la acusación de atentado y resistencia a la autoridad.