Junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren) y el Centro de Estudios Legales y Sociales “lamentaron” tener que llevar adelante este anuncio habiendo “advertido” desde “la primera represión” llevada a cabo el 23 de diciembre de 2023, “que esto iba a pasar”.
“Hoy tenemos un compañero en el hospital peleando por su vida. Pablo Grillo fue alumno en ARGRA en 2018 y lamentamos que la ministra (Patricia) Bullrich, de la que pedimos la renuncia, haya dicho en La Nación + que Pablo estaba detenido cuando estaba peleando por su vida en el Ramos Mejía. Obviamente, vamos a inicar las acciones legales correspondientes para que no quede impune, dijimos que no queremos otro Cabezas”, indicaron.
En la misma línea, señalaron que “no se abstienen ni siquiera al protocolo que ellos mismos hicieron” y, por ese motivo, necesitan que se vaya la ministra de Seguridad Nacional “y su política nefasta que es inconstitucional”: “Somos reporteros gráficos y necesitamos tener libertad de prensa como dice la Constitución y necesitamos no ser más lastimados”, añadieron.
“Hace un año y medio estamos hablando con autoridades de Seguridad pidiendo que no nos lastimen más. Evidentemente, no está resultando porque además a la ministra le encanta que pegarle a la gente. Necesitamos saber quién tiró y que directamente se vaya Bullrich”, manifestaron.
Simultáneamente, plantearon que van a utilizar todos los medios necesarios para pedir un Juicio Político (que está inscripto en el Art. Nro. 117 de la Constitución Nacional) y que diputados, senadores, el Congreso y sobre todo la Justicia “activen” porque todas las presentaciones que vienen realizando “caen en saco roto” y ni un fiscal ni un juez “se hacen cargo de la masacre que están haciendo”: “También queremos hacer cargo al intendente Jorge Macri por la brutal represión que hubo ayer desde la Policía de la Ciudad de Buenos Aires”, agregaron.
Además, le agradeció al diputado nacional (FIT) Cristian Castillo, a los legisladores porteños (FIT) Gabriel Solano y Celeste Fierro, al dirigente social del Partido Obrero (PO) Eduardo Belliboni y a la diputada nacional (FIT) Vanina Biasi, entre otros, por “acompañarlos en este reclamo”.
Para finalizar, remarcaron que “no hubo un solo juez ni fiscal” que haya desactivado el protocolo anti piquete que puso en marcha Bullrich y permitir “la impunidad con la que maneja esto que sigue pasando”.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) este protocolo es “anti protesta, anti libertad de expresión y anti manifestación” porque se propone terminar “con la libre expresión en las calles” y porque apunta “contra los trabajadores que garantizan que esa expresión llegue a la sociedad”.
“Sin el testimonio aportado por los reporteros gráficos en cada lugar no hubiéramos sabido la verdad de lo que paso con muchos compañeros y compañeras”, concluyeron.