Sobre el final el domingo se conoció un comunicado de 10 vicegobernadores de diferentes partidos y frentes políticos donde dejaron en claro la posición de sus provincias respecto a las decisiones y las políticas del anarco libertario presidente de Argentina, Javier Milei. Además realizaron una fuerte defensa al FONID que en enero fue totalmente podado a las provincias. El vicegobernador de Misiones, Lucas Romero Spinelli, del Frente Renovador de la Concordia puso su firma junto a Rubén Dusso, de Catamarca, Teresita Madera de La Rioja, Alicia Mayoral, de La Pampa, Carlos Silva Neder, de Santiago del Estero, Antonio Marocco, de Salta, Pedro Pesatti, de Río Negro, Eber Solis, de Formosa, Alberto Bernis, de Jujuy y Veronica Magario de Buenos Aires.
En el escrito, que se dio a conocer a través de las redes sociales, cuestionaron el rumbo económico y denunciaron el impacto negativo de la quita de fondos para educación (FONID), transporte, pymes, industrias y otros sectores.
Luego del traspié del Gobierno en el Congreso con la ley ómnibus, las provincias pusieron pie de guerra frente al Gobierno. En el medio, Milei denunció a diputados y gobernadores por «delincuentes» por votar en contra del proyecto de «Ley de Bases», mientras lleva adelante su gira internacional por Israel e Italia.
El comunicado dice: «Manifestamos nuestra enorme preocupación ante la despiadada avanzada del Gobierno nacional, sin precedentes en nuestra historia democrática, en contra de las y los trabajadores de todas las áreas, empresarios pymes, productores, profesionales, docentes, emprendedores, jóvenes, comerciantes, niñas y niños, jubiladas y jubilados, al tiempo que alertamos por la feroz carga sobre la institucionalidad de nuestro país y el desprecio por el sistema federal que nos rige».
«El método elegido ha sido aumentar las dificultades, privar de derechos, alimentar la inflación, desproteger a quienes el Estado debe proteger y tomar ‘venganzas políticas’, como la decisión de no girar a las provincias los fondos para complementar los salarios docentes y los subsidios para el transporte público de pasajeros, medidas que sufren las vecinas y los vecinos y que no tiene lógica ni sentido, más que esa ya enunciada e irracional “venganza política” en contra de gobernadores e intendentes responsabilizados por no estar de acuerdo con otorgarle a nadie la suma del poder público», advierte el escrito.
En este punto, informaron que «desde el gobierno central se siguen promoviendo políticas e instrumentado medidas que en dos meses han empeorado inmensamente una situación que era muy complicada y que precisaba mesura, conocimientos, experiencia, gran responsabilidad y una extrema empatía por las y los argentinos, en particular en los sectores más vulnerados por las dificultades no superadas en los últimos años».
En otro apartado, los firmantes señalaron la gravedad del ajuste en educación, a partir del freno en las transferencias de recursos del Fondo del Incentivo Docente (FONID) a las provincias. Sostuvieron que esta maniobra contra «las familias de nuestras provincias» también «amenaza seriamente la educación de sus hijos con la decisión de Javier Milei de dejar de transferir los importes que corresponden al Fondo del Incentivo Docente (FONID)».
El FONID durante enero fue prácticamente el único rubro «de las transferencias discrecionales a las provincias que siguió devengando importes (por el pago de salarios, etc.), pero el Ejecutivo solo transfirió a nuestras provincias menos del 1% del importe para el concepto de Educación», detalla el comunicado.
De esa manera, «cuando se liquidaron los salarios de enero, los docentes hubieran visto en sus recibos de sueldo una disminución de sus ingresos, lo que no sucedió porque que los gobiernos provinciales compensaron ese adicional. Esta es una situación extremadamente grave responsabilidad única del presidente de la Nación. El FONID tiene 26 años en Argentina. Es un componente del salario en un país donde muchas provincias tienen un alto componente de sus presupuestos destinados a salarios».
Es necesaria «la presencia del Estado reintegrando por esa vía parte de lo que producen las provincias. No puede de un momento para el otro desaparecer. Se trata de más de 14.500 millones de pesos por mes. Es una suma imposible de compensar mantenida en el tiempo, como claramente se advierte, ya que es claro que con nuestros ingresos recortados y con la enorme caída de la actividad económica este aporte de las provincias no podrá sostenerse en el mediano plazo», agrega.
Para finalizar sobre los recursos para la educación y pago de salarios docentes, los vicegobernadores advirtieron: «De persistir esta situación, las provincias no podrán hacerse cargo de estos componentes salariales que son exclusiva responsabilidad y obligación del Gobierno Nacional y esta situación se está dando en todas las jurisdicciones del país, que están siendo sometidas al mismo retraso en la transferencia de los complementos salariales docentes por parte del gobierno de Milei».
Respecto al transporte, un tema que generó varios cruces en la semana y tensó aún más la relación entre el Gobierno y las provincias, el comunicado remarcó que «los gobiernos apoyan los servicios de transporte público en todo el mundo» puesto que «el impacto social es relevante en los países en desarrollo donde la movilidad es sensible a los precios».
Aclararon la necesidad de seguir recibiendo los fondos para transporte por parte del Estado Nacional dado que «los sistemas de transporte muy raramente funcionan sin ser subsidiados en un porcentaje significativo por el Estado». En esa línea, destacaron que «es importante definir modalidades de asignación de subsidios que combinen la eficiencia fiscal con la equidad social y generen, al mismo tiempo, los incentivos necesarios para que los operadores provean un servicio adecuado».
«Este subsidio marca una diferencia significativa en la vida laboral de miles de personas. La reducción de costos en los desplazamientos diarios al trabajo libera recursos económicos para los trabajadores, lo que a su vez mejora su calidad de vida. Además, la confiabilidad y eficiencia del transporte público respaldado por subsidios contribuyen a la puntualidad y la productividad laboral», explicaron los vicegobernadores en el comunicado del domingo.
«Aquí, en nuestro país, con argumentaciones difíciles de sostener con un mínimo de seriedad, se decide no hacer lo que en el mundo hacen países desarrollados o países en desarrollo. Lo que hacen nuestros vecinos, lo que nadie duda que hay que hacer: subsidiar al transporte público», cuestionaron.
«Ante la decisión del presidente Milei de no devolverles a las provincias los recursos que éstas generan frenando transferencias o, como en este caso subsidios, la pregunta inevitable es: ¿en dónde piensa colocar los 104 mil millones de pesos que está recortando? ¿A qué los piensa dedicar? No a la asistencia alimentaria, como estamos viendo que sucede con los comedores comunitarios; no a la salud pública, no a la educación pública, no a la generación de puestos de trabajo, no a la concreción de obra pública de infraestructura», expresaron con preocupación.
Allí apuntaron a las privatizaciones: «Ya hemos visto los resultados de las privatizaciones encaradas en los años 90. Ya hemos visto la falta de inversión de las grandes empresas eléctricas en períodos en los que tuvieron enormes ganancias y esos dólares salieron del país y no se transformaron en inversiones que evitaran que hoy aún haya cortes de suministro», objetaron.
«Con respeto y con firmeza, le pedimos al presidente Milei que deje de tener de rehenes a las y los argentinos en sus batallas políticas y que no atente contra su calidad de vida como lo está haciendo. La Argentina es la suma de las provincias que la componen. Reiteramos este concepto que es clave para entender cómo es un país para todos y todas, sin centralismos, sin caprichos y con sensibilidad social y responsabilidad total», concluyeron en el comunicado.