Marcela Kober, directora del Instituto Misionero del Cáncer (IMC), alertó que la provincia no solo está cubriendo el 100% de los tratamientos de alto costo -con medicamentos que superan los 20 millones de pesos por aplicación-, sino que también ha tenido que reemplazar los recursos humanos y la infraestructura de prevención que la Nación retiró de forma masiva y sin comunicación oficial previa.
Este escenario de desprotección es el resultado de un vaciamiento planificado que comenzó mucho antes de la disolución formal del organismo. Entre noviembre de 2023 y junio de 2025, el INC sufrió un recorte de su planta de personal del 37% y operó con un presupuesto un 61% menor al ejecutado en el último año de la gestión anterior. Este ajuste, que el Gobierno nacional justificó bajo la premisa de la eficiencia, se tradujo en la práctica en la caída de contratos clave al 30 de diciembre pasado, afectando directamente a los «navegadores»: profesionales formados para guiar y acompañar a los pacientes en el complejo camino del diagnóstico y tratamiento, una figura esencial para salvar vidas en el interior de la provincia.
La retirada del Gobierno nacional no solo afecta el financiamiento de insumos, sino que destruye la base científica del país al desarticular los registros nacionales de tumores. «No saber dónde estamos parados con respecto a las cifras del cáncer tiene un impacto enorme; tomamos decisiones a partir de números que son personas», subrayó Kober, señalando la «impotencia y vergüenza» que genera la destrucción de información científica construida durante décadas. Ante la falta de respuestas desde Buenos Aires, el Ministerio de Salud de Misiones y el Parque de la Salud han conformado una mesa de emergencia para garantizar que la prevención del cáncer de cuello uterino (HPV), colon y mama no se detenga por la falta de kits y testeos que antes enviaba la Nación.
En lo que respecta a la medicación de alta complejidad, la desconexión es total. Mientras que en el pasado era posible articular con Nación -aunque con demoras-, hoy la provincia se hace cargo del total de los tratamientos para evitar interrupciones que significarían una sentencia de muerte para los pacientes. Como ejemplo de la magnitud del esfuerzo financiero que ahora recae sobre las arcas misioneras, Kober citó el caso del fármaco pembrolizumab, una inmunoterapia cuyo costo ronda los 20 millones de pesos por dosis y debe aplicarse cada 21 días. Sin el auxilio provincial, el acceso a estos avances científicos sería inexistente para el ciudadano común bajo el actual modelo de ajuste nacional.
Finalmente, el cierre del INC y su degradación a una dirección con funciones acotadas dentro del Ministerio de Salud de la Nación marca un punto de inflexión en la política sanitaria argentina. La gestión de Javier Milei ha dejado de lado la rectoría en salud oncológica, delegando en las provincias una responsabilidad financiera y operativa que muchas no podrán sostener. Misiones, por ahora, ha logrado blindar a sus pacientes gracias a una red de contención local, pero el «vacío» de datos, recursos y políticas de prevención nacional deja un precedente peligroso: la salud ha dejado de ser una prioridad federal para convertirse en una carga que cada distrito debe sortear como puede frente al desinterés del Gobierno central.