La medición se basa en un índice alternativo que elabora el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales que pertenece al Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello.
Toma como criterios el acceso a vivienda, hábitat y servicios básicos, educación, empleo y protección social y salud. Tiene como foco una perspectiva de derechos más que de ingresos económicos mensuales de un hogar. Es, para resumirlo de otra forma, una medición de pobreza estructural más allá del costo de la canasta básica.
El informe fue iniciado durante el gobierno del Frente de Todos y tuvo una última actualización en el primer semestre de 2021, cuando arrojó una cifra a nivel nacional de 44,6 por ciento. Desde el organismo aseguraron en ese momento que dejó de ser publicado porque su metodología fue puesta a revisión, ya que sus resultados “no se mueven significativamente” a lo largo de la medición.
Pero el indicador tuvo luego actualizaciones. En el segundo semestre de 2023 fue de 44,3% y en el primero de 2024 cayó hasta 43,6 por ciento. “Al tratarse de un índice compuesto por indicadores relativamente estructurales, no presenta grandes cambios en términos interanuales, aunque se observa un descenso de la incidencia en la población de 1 punto porcentual. La mejoría es más visible con respecto a los datos del segundo semestre de 2020, donde casi la mitad de la población y un 40% de los hogares se encontraba en situación de pobreza multidimensional”, planteó Capital Humano.
De todas formas, el Gobierno realiza un ejercicio en cada medición en el que “cruza” los datos de pobreza multidimensional con los de ingresos -el método tradicional del Indec- para tener un número más global de pobreza monetaria y no monetaria. En este caso, el primer semestre de 2024 marcó que un 61% de la población pudo ser considerada pobre bajo este criterio, lo que implica un incremento respecto al 55,4% que había tenido el segundo semestre del 2023.
Respecto a los puntos que analiza el indicador multidimensional, el consejo aseguró que en el área de Vivienda se toma en consideración las condiciones de hacinamiento o de tenencia insegura; para Hábitat y Servicios Básicos se toman en cuenta condiciones sanitarias deficientes o de vivienda ubicada en zona vulnerable; para Educación, la inasistencia escolar, el rezago o un logro educativo insuficiente; para Empleo y protección social, dificultades de acceder a empleo remunerado, precariedad laboral y déficit de cobertura previsional; mientras que en Salud se considera la ausencia de doble cobertura de salud (obra social o prepaga).
“Se inscribe en la necesidad que varios países expresan de complementar la medición de la pobreza desde el ingreso como único componente o dimensión y dar cuenta de la diversidad de situaciones que la misma asume”, definió el Consejo que realizó la medición en el último informe elaborado y publicado, con cifras hasta el segundo semestre de 2023.
“El IPM permite realizar un análisis basado en múltiples dimensiones dando cuenta de una realidad social compleja. Esta perspectiva permite sintetizar las características de las condiciones de vida de las personas y familias vulneradas en sus derechos y así incidir de una manera más apropiada en la toma de decisiones sobre políticas públicas”, definieron.
La última foto del año en términos de indicadores sociales muestra que el impacto de la devaluación, el pico inflacionario y la recesión fue inmediato en la pobreza y tuvo algún rezago en los índices laborales. La secuencia fue de una mejora en el segundo semestre por la baja de la inflación y una canasta alimentaria que aumentó menos que el IPC. En términos de empleo la economía todavía no recuperaron todos los puestos de trabajo perdidos en el proceso.
La pobreza tuvo un último dato “oficial” antes de fin de año, por fuera de los informes semestrales del Indec. Pero la actualización más reciente de la incidencia de la pobreza se dio a conocer en septiembre. La pobreza avanzó hasta 52,9% en el primer semestre del año y así alcanzaba a 24,9 millones de personas en todo el país.
El primer semestre del año estuvo marcado por una aceleración inicial de la inflación, que alcanzó un ritmo de aumento de precios cercano al 4% mensual desde mayo y que se fue desacelerando luego hasta el 2,7% en diciembre. En este contexto, el poder adquisitivo de los salarios sufrió una caída significativa, pero empezó a recuperar terreno conforme la inflación desaceleró, aunque sin compensar del todo las pérdidas acumuladas en el último año.
De todas formas, antes de fin de año, un cálculo hecho también por Capital Humano señaló que, en el tercer trimestre del año, la pobreza disminuyó al 38,9%, atribuyó esta baja a la desaceleración de la inflación y al refuerzo de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH). En marzo se conocerá el indicador de fines de este año. (Infobae)