El «jueves negro» del Gobierno en el Senado fue, en realidad, una jornada de funcionamiento pleno de la democracia. Con el quórum necesario, y el respaldo de una amplia mayoría, la Cámara Alta aprobó proyectos de ley esenciales para jubilados y para el colectivo de la discapacidad. Fue un ejercicio legítimo del poder legislativo, donde las fuerzas de la oposición lograron articular consensos para avanzar sobre la agenda social, en contra de la voluntad del Ejecutivo.
Sin embargo, la respuesta en las redes fue una bofetada al proceso democrático. En lugar de aceptar la derrota legislativa, figuras cercanas al oficialismo y sus seguidores recurrieron a la intimidación y las amenazas. El caso más notorio es el de Daniel Parisini, conocido como «el Gordo Dan», líder de un grupo de choque llamado la «guardia pretoriana» de Milei, quien publicó en X un mensaje que reza «LOS TANQUES A LA CALLE YA. ES AHORA». De igual forma, Franco Iván Jeremías Antunes Puchol, alias «Fran Fijap», incitó a «bombardear el Congreso». Estas expresiones, que trascienden la crítica política, constituyen una incitación a la violencia y una abierta amenaza a la soberanía de una institución fundamental de la República.
Fran Fijap de manera totalmente irresponsable alentando violencia.
El doble estándar de la seguridad y la política
El caso adquiere una dimensión aún más crítica si se lo analiza bajo la lupa de la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La funcionaria, quien ha impulsado un nuevo protocolo para investigar amenazas y discursos de odio en redes sociales, se enfrenta ahora a un dilema. Las amenazas de «el Gordo Dan» y «Fran Fijap», reconocidos militantes ultraderechistas alineados con la base del gobierno, caen directamente bajo la jurisdicción del protocolo que ella misma promovió.
Esto pone en evidencia un doble estándar: mientras se persiguen discursos de odio provenientes de la oposición o de movimientos sociales, la agresión más virulenta y antidemocrática surge de las filas oficialistas. Queda por ver si el protocolo de la ministra se aplicará con la misma rigurosidad a los aliados políticos que a los opositores, o si la «defensa de la República» tiene un doble estándar.