La situación para los libertarios se complica de manera exponencial, ya que Spagnuolo no era un funcionario de segunda línea, sino un amigo personal y ex abogado del presidente, cuya llegada a la ANDIS fue bendecida por Karina Milei. El fallo de Casanello es demoledor al describir cómo la Agencia se convirtió en una «vía de enriquecimiento» para una organización que desviaba fondos destinados a las personas con discapacidad hacia negocios privados ilícitos. Los audios filtrados que dieron origen a la investigación —peritados y validados por la justicia— mencionan explícitamente el respaldo de Karina y la existencia de una «tarifa» de retornos que salpica a la cúpula del poder.
Junto a Spagnuolo, fueron procesados su segundo en la ANDIS, Daniel Garbellini, y los operadores vinculados al sector farmacéutico Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, confirmando la existencia de una red que el juez denomina como un «entramado de corrupción institucional». El magistrado impuso un embargo de 202 millones de pesos al ex titular del organismo, una cifra que ilustra la magnitud del daño patrimonial denunciado. Este avance judicial desmiente la teoría oficialista de una «operación de inteligencia» y coloca a los funcionarios que responden a Karina Milei, como «Lule» Menem, bajo una lupa que la administración libertaria ya no puede ignorar ni tapar con retórica de redes sociales.
El escenario político es de máxima tensión para el oficialismo, ya que el juez dejó abierta la puerta a una investigación mayor, sugiriendo que el esquema delictivo tiene «márgenes aún difusos» y niveles de complicidad que podrían escalar hacia lo más alto del organigrama estatal. La presión interna crece y el hermetismo de la Casa Rosada solo alimenta la sensación de crisis terminal en un momento donde el humor social ya está castigado por el ajuste económico. Los libertarios, que llegaron al poder con la promesa de barrer con la «casta», hoy se encuentran procesados por los mismos vicios que prometieron erradicar, con la figura de Karina Milei cada vez más comprometida por los testimonios y las pruebas que emergen del expediente.
El impacto de este escándalo trasciende lo judicial y se traduce en un debilitamiento del capital político de Javier Milei frente a su propia base electoral. Un país con sus cuentas en orden pero con sus naves industriales vaciándose, como denuncian los industriales, ahora debe sumarle el peso de una corrupción estructural que parece haber anidado en el corazón del proyecto libertario. Con la mora en los créditos batiendo récords y el ingreso disponible en caída libre, la confirmación de una asociación ilícita en la ANDIS es el peor escenario posible para un Gobierno que pierde credibilidad a la misma velocidad con la que la Justicia avanza sobre sus hombres de confianza.