La imputación, presentada por los abogados de una demanda colectiva (class action) en Estados Unidos, arroja una sombra de sospecha sobre el mandatario y su presunta injerencia en un esquema que resultó en la pérdida de más de USD 280 millones para los inversores.
La grave acusación contra Milei surge en un escrito presentado ante la jueza federal Jennifer Rochon, donde se solicita mantener congelados más de USD 57 millones depositados en billeteras virtuales del «empresario» estadounidense Hayden Davis, uno de los principales señalados en el fraude de $LIBRA. Aunque, de momento, esta imputación no acarrea problemas legales inmediatos para el Presidente, representa un riesgo latente considerable a mediano o largo plazo. Abogados consultados no descartan que, de prosperar la demanda, los reclamos puedan ampliarse en el futuro directamente contra Milei o incluso contra el Estado argentino.
El tuit presidencial y la falsa legitimidad
El epicentro de la controversia es una publicación de Milei en redes sociales del 14 de febrero pasado, el mismo día del lanzamiento y posterior colapso del memecoin $LIBRA. Según los letrados Max Burwick y Margaret Hoppin, esta declaración presidencial buscaba dar a $LIBRA «una falsa apariencia de legitimidad y afiliación gubernamental», lo que indujo al engaño masivo de los inversores.
La demanda colectiva, que persigue a Davis y a su equipo de Kelsier Ventures, así como a Benjamin Chow de la plataforma Meteora, sostiene que los acusados «colaboraron secretamente para orquestar el fraude de LIBRA, obteniendo millones mientras se promocionaban públicamente como protectores de los inversores minoristas». En este esquema, el tuit del Presidente argentino habría funcionado como un catalizador, aportando un aval que el memecoin no tenía.
Maniobras para eludir la justicia y la sombra argentina
La situación se complejiza con las maniobras de Hayden Davis. Después de que la Corte ordenara el congelamiento de sus fondos, Davis presentó un escrito buscando revertir la medida y, de manera llamativa, manifestó su intención de transferir 500 millones de tokens $LIBRA a la Argentina, específicamente a la iniciativa «Viva La Libertad». Su objetivo declarado sería «ayudar al país» y cerrar una investigación penal en su contra que tramita en Comodoro Py, Buenos Aires.
Sin embargo, para los abogados demandantes, esta es una táctica más para «lavar el dinero a través de múltiples billeteras» y una amenaza explícita de «enviar activos a Argentina», utilizando los fondos congelados como «apalancamiento» para negociar. Advierten que las «conexiones internacionales de los demandados» (con Singapur, Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Vietnam e incluso vínculos comerciales en Medio Oriente) demuestran un «mayor riesgo de que transfieran los activos a entidades offshore organizadas en ubicaciones desconocidas», lo que podría hacer desaparecer el dinero de los inversores. La posibilidad de que fondos vinculados al fraude terminen en Argentina refuerza las sospechas sobre la operación y el rol de las conexiones locales.
Un fraude de USD 280 millones y la «vista gorda» de los activos digitales
Burwick y Hoppin son contundentes: «Cuando decenas de miles de inversores perdieron más de 280 millones de dólares en un fraude coordinado con [$LIBRA], solicitamos las facultades de este Tribunal para preservar las ganancias de dicho fraude». Critican que los acusados pidan a la corte «hacer la vista gorda y que trate los activos digitales que se mueven con solo pulsar un botón a través de redes anónimas como si fueran dinero en efectivo guardado en una bóveda bancaria».
Ahora, la jueza Rochon deberá decidir si mantiene el congelamiento de fondos, si la «class action» sigue en Nueva York o si se remite a Texas, como pide Davis. La insistencia de los abogados en mantener el caso en Nueva York, argumentando la residencia de Benjamin Chow en la ciudad, subraya la urgencia de evitar que los fondos recaudados tras el tuit de Milei «desaparezcan para siempre». La implicación del Presidente argentino en este entramado, ya sea por negligencia o por una acción deliberada de «promoción engañosa», lo sitúa en una posición delicada ante la justicia estadounidense y la opinión pública. (Con información del Diario La Nación)