El reclamo se centra en una realidad crítica que enfrentan las casas de altos estudios. Sergio Katogui, vicerrector de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), y Cristian Garrido, decano de la Facultad de Humanidades, coinciden en que la falta de presupuesto afecta de manera tangible la operatividad diaria. Los recursos limitados repercuten directamente en los salarios de los trabajadores y en la capacidad de las instituciones para sostener gastos de funcionamiento tan básicos como la electricidad, el agua e internet. Además, se ven comprometidas actividades esenciales como la investigación, la extensión y la asistencia a congresos, pilares del conocimiento y el desarrollo.
La situación es una escalada de un conflicto que ya se vivió el año pasado, cuando el sistema universitario enfrentó un escenario de veto similar. El vicerrector Katogui advirtió que la política de reducción presupuestaria, si persiste, se traducirá en una caída en el número de graduados y en un deterioro de la infraestructura edilicia. «El acceso a la universidad está en peligro si persiste esta política», aseveró, señalando que la universidad es el espacio donde «todos, independientemente de sus ingresos, puedan estudiar una carrera». La incertidumbre es tal que las autoridades no pueden asegurar hasta cuándo podrán mantener sus funciones plenamente.
La universidad no es una burbuja. Las autoridades universitarias han subrayado que el apoyo de la sociedad es fundamental porque el reclamo es compartido. Como explicó Katogui, la marcha busca desmentir la noción de que los universitarios son parte de una «casta» privilegiada, una narrativa que busca desacreditar el reclamo. Por el contrario, la defensa de la universidad es una defensa del derecho a la educación superior y de un motor de movilidad social para la primera generación de graduados, un valor que se quiere preservar para las futuras generaciones. Es un llamado a la sociedad a dimensionar la gravedad del problema y a reconocer que el sostenimiento de la universidad pública es un pilar para el desarrollo del país.
El movimiento universitario, lejos de estancarse, anticipa una profundización de sus acciones si el veto no se revierte. Aparte de la marcha, se han programado otras actividades como un «apagón» y una sesión extraordinaria del Consejo Superior para emitir un pronunciamiento. Este nivel de organización y movilización demuestra la firmeza del sistema universitario en su lucha por garantizar su funcionamiento y su rol vital en la producción de ciencia, tecnología y conocimiento para la Argentina. El futuro de la educación pública y, por ende, el de sus jóvenes, depende del resultado de esta contienda presupuestaria.
La consigna de la marcha es clara y despojada de tecnicismos: «No es para proteger privilegios, es para que la Universidad Pública siga funcionando». Este mensaje busca resonar en cada ciudadano, independientemente de su relación directa con la universidad. El objetivo es que la sociedad entienda que el ajuste a la educación pública afecta a todos, al comprometer un futuro de oportunidades y desarrollo para las próximas generaciones. La participación ciudadana en este reclamo es vista como el último recurso para defender un derecho fundamental, demostrando que la educación pública es un patrimonio de todos.