Esta movida, largamente esperada, se produce tras el rotundo fracaso de todas las negociaciones con los funcionarios nacionales para acordar un nuevo régimen de distribución de los recursos, dejando en evidencia la nula voluntad del Ejecutivo para ceder en la centralización del poder y los recursos.

La propuesta de los mandatarios, que marca un quiebre significativo en la relación con la administración libertaria, está plasmada en dos iniciativas presentadas en la noche del miércoles por senadores del PJ, la UCR, y legisladores provinciales. Estos buscarán avanzar con rapidez en las comisiones de Coparticipación y de Presupuesto, urgidos por la necesidad de revertir el ahogo financiero al que el gobierno de Javier Milei ha sometido a las arcas provinciales.

Los proyectos fueron firmados por un amplio arco político, incluyendo a los presidentes de los bloques peronistas, José Mayans, Fernando Salino y Juliana Di Tullio; de la UCR, Eduardo Vischi; del PRO, Alfredo De Angeli; la rionegrina Mónica Silva; Edith Terenzi de Despierta Chubut y de Provincias Unidas, Carlos “Camau” Espínola. También adhirieron el jefe del radicalismo, Martín Lousteau, y la senadora correntina de Convicción, Carolina Moises, reflejando el consenso transversal frente al atropello fiscal de la Nación.

Uno de las iniciativas propone reformar la distribución del impuesto a los combustibles para repartir ese tributo de la siguiente manera: un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 52,02% para las provincias y un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social. De acuerdo a esa iniciativa, los fondos de las provincias se repartirán un 25% entre las jurisdicciones y el 75% de acuerdo a los índices de coparticipación.

Además, el proyecto exige la eliminación de los fondos fiduciarios de Infraestructura de Transporte, del Sistema Vial Integrado, Compensador del Transporte, Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y Nacional de la Vivienda. La mayoría de estos fondos habían sido eliminados de facto por el Gobierno, pero, en un acto de clara retención arbitraria, no se habían distribuido entre las provincias los recursos afectados a esos organismos de fideicomisos.

En los argumentos del proyecto se señala con contundencia que “son recursos con afectación específica que administra el Gobierno Nacional pero que no son propios. Ante ello surge indubitablemente que el cambio normativo propuesto no afecta las finanzas públicas nacionales”.

Al defender la iniciativa, los senadores subrayan que “no impacta en otros destinos específicos que hoy prevé esta normativa, como es el que recibe la Administración Nacional de Seguridad Social a través de la distribución de los recursos que genera el Impuesto a los Combustibles Líquidos”.

Critican además que “este mecanismo de distribución, utilizado para financiar problemáticas específicas de algún sector o actividad económica, es difícil de justificar en el actual contexto fiscal, donde la crisis de ingresos fiscales obliga a focalizar el uso de la totalidad de recursos en atender las responsabilidades indelegables de las provincias (educación, salud, seguridad y justicia), más las recientemente transferidas”.

En cuanto a los ATN, la propuesta es aún más drástica: se busca un cambio en la ley de Presupuesto para que se incorporen a la masa coparticipable y se distribuyan de acuerdo a la ley de coparticipación en forma automática y todos los días. En los fundamentos de este proyecto se enfatiza que “son recursos con afectación específica que administra el Gobierno Nacional pero que no son propios.

Ante ello surge indubitablemente que el cambio normativo propuesto no afecta las finanzas públicas nacionales”. Añaden que “La modificación que se plantea es la relacionada con el Fondo de los Aportes del Tesoro Nacional, propiciando su distribución automática mediante su incorporación a la normativa establecida en la Ley Permanente de Presupuesto nº 11.672”.

Los senadores sentencian que «sin ninguna duda que el contexto económico amerita dicha medida en virtud de que el Fondo prevé ‘atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros'», denunciando implícitamente la discrecionalidad con la que el gobierno central ha manejado estos fondos vitales para las provincias.