A través del Decreto N.º 657, el gobernador Hugo Passalacqua dispuso que el Estado provincial asuma los costos de energía eléctrica y agua potable de los centros que atienden a personas con discapacidad, ante la interrupción total de las transferencias por parte del Estado nacional. El mandatario fue tajante al señalar que la provincia no puede «hacerse la distraída» ante la falta de fondos por parte de la gestión del presidente ultraderechista Javier Milei, garantizando la operatividad de espacios de alta sensibilidad que hoy atraviesan una situación crítica.
La normativa establece un régimen extraordinario y transitorio que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, cubriendo consumos mensuales de hasta 1000 kW y 9 m³ de agua por institución. La intervención provincial surge como respuesta directa a una deuda acumulada por Nación que escala a los 2.500 millones de pesos, una cifra que ponía en riesgo inminente la continuidad de tratamientos esenciales para miles de misioneros. En este contexto, el gobierno libertario ha dejado de girar los recursos correspondientes hace meses, obligando a la administración local a realizar un esfuerzo fiscal propio para evitar un colapso prestacional irreversible.
Para acceder a este beneficio, las instituciones deben contar con la categorización vigente del Ministerio de Salud Pública de Misiones y demostrar que al menos el 60% de sus pacientes son afiliados al IPS o beneficiarios del programa Incluir Salud. El subsidio se canalizará mediante transferencias directas a prestatarias como Energía de Misiones (EMSA), SAMSA y diversas cooperativas del interior provincial. Con esta arquitectura administrativa, el Estado busca blindar a las instituciones frente a la mora del presidente ultraderechista Javier Milei, asegurando que el auxilio llegue de forma inmediata a los lugares de prestación.
En los considerandos del decreto se advierte sobre una «emergencia prestacional inminente» causada por la desidia del gobierno nacional, que afecta gravemente el flujo de fondos necesario para el funcionamiento diario de estos centros. El gobernador remarcó que, mientras el gobierno libertario se retira de sus obligaciones sociales básicas, Misiones decide priorizar una mirada humana y sensible hacia la discapacidad. Esta acción política se fundamenta en la necesidad de intervenir donde el Estado nacional ha dejado un vacío, cumpliendo con los preceptos de cobertura integral que la gestión central parece haber ignorado.
El despliegue de esta cobertura será supervisado por el Ministerio de Hacienda en articulación con Salud Pública, estableciendo controles estrictos para garantizar que el recurso llegue a quienes más lo necesitan. Esta decisión marca una clara diferencia de gestión: mientras el presidente ultraderechista Javier Milei profundiza el ajuste sobre las partidas de salud y desarrollo social, el gobierno misionero refuerza su rol como garante de derechos fundamentales. La medida representa un alivio vital para los centros de atención, quienes ahora cuentan con una red de contención local frente a la incertidumbre que genera el modelo económico nacional.