En paralelo, se realizaron protestas en las inmediaciones del Congreso por el conflicto del Hospital Garrahan y los 10 años del Ni Una Menos, entre otros sectores que se sumaron a la tradicional marcha de jubilados.
En desafío a las advertencias de veto por parte del Poder Ejecutivo, la oposición en la Cámara de Diputados aprobó la noche del miércoles con 142 votos positivos y 67 votos en contra y 19 abstenciones un aumento en los haberes jubilatorios. Este consiste, por un lado, en un incremento por única vez del 7,2% en todas las escalas por la inflación no reconocida de enero de 2024 y, por el otro, en la actualización por índice de movilidad del bono que paga la Anses a los jubilados que cobran el haber mínimo, que treparía de $70.000 a $110.000 mensuales.
La iniciativa –que se giró al Senado- se aprobó con el voto de los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda –convocantes de la sesión especial-. Lo llamativo de la votación fue la abstención de la UCR más afín al oficialismo y del sector macrista de Pro -entre ellas las diputadas María Eugenia Vidal, Silvia Lospennato y Luciano Laspina-. También hubo 28 ausentes.
El oficialismo y sus aliados votaron en contra del proyecto; es más, desde la Casa Rosada el jefe de Gabinete Guillermo Francos insistió que, de ser convertido en ley, será vetado por el presidente Javier Milei con el argumento de su impacto fiscal. “El Estado no lo puede pagar salvo que volvamos a emitir dinero y endeudarnos”, advirtió Francos.
El proyecto opositor contempla, además, un artículo que ratifica la actual fórmula de movilidad jubilatoria consagrada por un decreto presidencial de abril del año pasado. En otro artículo se estipula que los giros a las cajas previsionales provinciales no transferidas sean automáticos y actualizados por inflación.
A manera de réplica al Poder Ejecutivo por el impacto fiscal de esta iniciativa, los opositores precisaron que, en su dictamen, establecen distintas alternativas de financiamiento. Entre ellas, la eliminación de una serie de beneficios fiscales que actualmente gozan determinadas actividades y que impactan negativamente en la recaudación fiscal.
Asimismo, proponen que los refuerzos presupuestarios que el Gobierno otorgó a la SIDE –unos $33.000 millones- se redireccionen a la ANSES, como así también el ahorro que logró el Gobierno como consecuencia de la decisión del FMI de reducir los costos del endeudamiento de los países miembros. En el caso de la Argentina serían unos 3200 millones de dólares.