CARTA ABIERTA DE RECHAZO AL DNU 70/23, LA LEY ÓMNIBUS Y SU RELACIÓN CON LA DEUDA Y LOS ACUERDOS CON EL FMI
Sras. y Sres. Legisladores
Cámara de Diputados
Senado de la Nación
S / D
Por la presente, las entidades y personas abajo firmantes ponemos en su conocimiento nuestro rechazo absoluto del DNU 70/23, por ser nulo de nulidad absoluta e insanable, y del proyecto de Ley Ómnibus presentado por el nuevo gobierno, por atentar contra la Constitución y nuestros derechos, dignidad, soberanía y libertad.
Unimos nuestras voces al inmenso coro que reconoce en esta embestida, la imposición de un conjunto de regulaciones y desregulaciones que solo refuerzan la libertad de los tiburones – la clase dominante y sus patrones internacionales – de comerse a las sardinas. Se proponen políticas que, en nuestro país y el mundo entero, se han mostrado invariablemente conducentes a mayor desigualdad, desempleo, desempoderamiento popular y destrucción económica y ecológica, dejando al pueblo, a la clase trabajadora, pagar con más hambre, envenenamiento, deuda y represión, el festín ajeno.
En este marco, queremos referirnos puntualmente a la problemática del endeudamiento público y los acuerdos con el FMI. Teniendo presente, en especial, el mandato Constitucional que asigna al Congreso de la Nación, desde 1853, la facultad indelegable para contraer y arreglar las cuestiones vinculadas a la deuda externa (Art. 75, inc. 4 y 7).
En primer lugar, la declaración de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social, por el tiempo que sea, clausura de un solo saque cualquier posibilidad de participación y control social y político de la acción gubernamental. Partiendo de un diagnóstico gravemente errado de la naturaleza, magnitud y causas de la crisis que enfrentamos, deja a la sola discreción del Poder Ejecutivo la gestión de lo que es ahora, y desde por lo menos los tiempos de la dictadura cuando regía la misma “libertad”, uno de los factores centrales del sometimiento de nuestra soberanía y economía y la destrucción del bienestar popular: el sistema de la deuda eterna y los acuerdos con el FMI y otras instancias multilaterales.
Por fuera de esa declaración, el proyecto de Ley Ómnibus igualmente otorga al Ejecutivo la potestad de emitir deuda en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras sin el control previo del Congreso, al plantear la derogación del Art. 1 de la Ley de Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública (Ley 27.612). Si bien se trata de una ley de por sí viciada, por buscar “sostener”, en el sentido de “pagar”, una deuda cuestionada en sede judicial sin que el Congreso haya establecido su legitimidad y legalidad ni determinado el no pago, anulación y sanción de los responsables de la estafa, el artículo que el gobierno ahora plantea derogar es el único que proyectaba algún límite a la acción ejecutiva.
Javier Milei no tuvo reparos, en campaña, en afirmar que “la deuda pública es inmoral”. Pero al llegar a la presidencia busca posibilitar la emisión de deuda en divisas sin límite, como así empieza a hacerlo la dupla de endeudadores y fugadores seriales, Luis “Toto” Caputo y Santiago Bausili, reeditando lo hecho por ellos durante su paso por el gobierno de Macri. Con el agravante de forzar al Banco Central a emitir por primera vez deuda en moneda extranjera, con el ampulosamente llamado “Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre” (BOPREAL), avanzando hacia la tan mentada dolarización.
En ese mismo sentido, la Ley Ómnibus pretende modificar la Ley de Administración Financiera para eliminar el requerimiento que cualquier reestructuración de deuda tenga por límite la necesidad de mejorar las condiciones de interés, plazos y/o montos. La historia reciente está plagada de ejemplos de la burla a esa norma, incluyendo el megacanje de Cavallo y Sturzenegger en 2001 que sirvió para acelerar el desenlace trágico de la crisis provocada por las mismas políticas que el gobierno de Milei ahora busca imponer. Pero eliminarla, junto con la liberación de todo control parlamentario sobre el endeudamiento y su pago, solo puede fundamentarse en la intención de la nueva administración de aumentar alevosamente la deuda eterna y sus condicionamientos, con o sin nuevos acuerdos bilaterales y multilaterales como por ejemplo con el FMI.
Seguir endeudándonos para pagar las estafas anteriores, sin ninguna capacidad demostrable de pago que no sea por la vía del mega ajuste y/o la entrega de activos que hacen a la soberanía, la vida y la existencia misma de la Nación, no contribuirá a la resolución sino al empeoramiento de la situación crítica que vivimos.
En esa “libertad” para endeudar y someternos como pueblo y como Nación, junto al demás cúmulo de desregulaciones y autorizaciones para la mercantilización y venta de la naturaleza y las empresas públicas, se ve con claridad los objetivos verdaderos de los acuerdos con el Fondo y demás prestamistas y usureros. Abaratar al máximo los “costos” laborales y previsionales, entregar a la timba financiera y las ganancias privadas nuestros derechos a una vida digna en un ambiente sano, con salud, educación, cultura, vivienda y todo lo que es obligación del Estado garantizar, y quedarse con el territorio, los bienes naturales y el patrimonio público reconstruido solo parcialmente luego del desguace de los años ´90. El agua, el litio, los bosques y minerales, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, YPF, Aerolíneas y el Banco Nación son solo el comienzo de lo que les apetece a las grandes transnacionales, bancos y actores financieros, como BlackRock, JP Morgan y otros, no por casualidad vinculados estrechamiento al actual equipo económico y los redactores de las normas aquí cuestionadas.
Señoras y señores legisladores, al fundamentar este paquete de medidas inconstitucionales y violatorias de nuestros derechos más básicos, incluyendo además un profundo avance represivo, el presidente retoma nuevamente las palabras de su admirada Margaret Thatcher, al plantear que “no hay solución alternativa a un urgente ajuste fiscal…(y)… un programa general de desregulación de la economía…”.
No es así. En las calles, el campo, las ciudades y en todo ámbito de la vida somos cada vez más las entidades y personas comprometidas en la lucha y construcción de alternativas de soberanía y de buen vivir, que no dependen de más sacrificio popular, sino que abren la posibilidad de libertad, trabajo y vida dignos en armonía con la naturaleza, para toda la población.
A Uds., que tienen la posibilidad de ejercer un rol fundamental en apoyo a esas alternativas, les exigimos que actúen a la altura de las circunstancias, rechazando de forma absoluta el DNU 70/23, por ser nulo de nulidad absoluta e insanable, así como el proyecto completo de Ley Ómnibus. Como bien saben, las responsabilidades Constitucionales, políticas y éticas que aceptaron al asumir sus bancas, resumidas en el artículo 29 de la Constitución, les obligan en ese mismo sentido. No resolverá la difícil situación que enfrentamos como pueblo y como Nación. Pero hoy por hoy, son las medidas necesarias y urgentes para asegurar que siga abierto el camino del debate, la participación y la transformación democrática que tanto precisamos. (Argentina, 15 de enero de 2023)
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