El documento sostiene que, de convertirse en ley, la iniciativa sería “inconstitucional y anticonvencional” por contradecir principios y estándares internacionales en materia de derechos del niño.
Entre los puntos más cuestionados se destaca la posibilidad de reducir la edad mínima de responsabilidad penal, lo que violaría lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos del Niño y las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. En su Observación General N.º 24 (2019), ese organismo insta a los Estados a mantener o elevar dicha edad, sugiriendo expresamente no bajarla “en ninguna circunstancia”.
Además, el texto advierte que el dictamen “genera un sistema regresivo en nuestra legislación y desvirtúa el principio de especialidad”, que exige que los adolescentes infractores sean tratados conforme a su edad y madurez, con énfasis en la reintegración social por sobre la sanción.
Los firmantes –entre los que se encuentran actores relevantes del ámbito académico, judicial y de la sociedad civil– recuerdan que desde hace años existe consenso en torno a la necesidad de derogar la ley 22.278, aún vigente desde la última dictadura, pero enfatizan que cualquier nueva norma debe adecuarse plenamente a los tratados de derechos humanos. En particular, la reforma no debe endurecer penas ni habilitar el encarcelamiento en establecimientos penitenciarios comunes.
El pronunciamiento también pone el foco en las consecuencias presupuestarias de la reforma: “Muchas provincias han avanzado en leyes procesales juveniles acordes a la Convención, y de convertirse en ley el dictamen propuesto implicaría un gran retroceso y erogaciones innecesarias”.
Entre los aspectos criticados, el documento menciona explícitamente:
La baja de la edad de punibilidad.
El agravamiento de las escalas penales.
La aplicación discrecional de medidas alternativas.
El mantenimiento de la punibilidad sobre todos los delitos sin distinción.
La posibilidad de privación de libertad en cárceles para adultos.
La iniciativa, señalan, vulnera no solo el marco normativo nacional, sino también compromisos asumidos por el país a nivel internacional, y advierten sobre la posibilidad de que Argentina sea denunciada y eventualmente condenada por organismos de derechos humanos si se avanza con esta normativa.
El documento fue suscripto por:
Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación.
Marisa Graham, defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Facundo Hernández, defensor adjunto de NNyA.
César Raúl Jiménez, juez de Misiones y coordinador del Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU).
Gustavo Daniel Moreno, secretario general de la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF).
Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto.
Juan Manuel Irrazábal, presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
Gabriel Savino, defensor del Pueblo de Santa Fe.
Rossana Marlí Franco, defensora de NNyA de Misiones.
Leandro Javier Drube, defensor de NNyA de Santiago del Estero.
Amelia López, defensora de NNyA de Córdoba.
Juan Pablo Meaca, defensor de NNyA de La Pampa.
Fernando Ávila, presidente de la Asociación Pensamiento Penal.