El caso, que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción N° 3 de San Vicente, apunta a un maestro de 29 años, señalado como el principal autor de los hechos. Según las denuncias, el docente habría llevado a las menores solas a la sala de informática o al laboratorio de la escuela, donde presuntamente les exigía quitarse parte de la ropa para tomarles fotografías de contenido sexual.
De acuerdo con el relato de uno de los padres, esta situación se conoció después de que una de las niñas llegara a su casa llorando y le contara a su madre lo que estaba sucediendo.
Padres denuncian encubrimiento y exigen respuestas
El escándalo ha salpicado a otros miembros del personal docente. Los padres han acusado a una profesora de haber conocido los hechos desde junio y de no haber informado a las autoridades, así como a otro profesor de informática por permitir que el acusado se llevara a las alumnas a la sala donde habrían ocurrido los hechos. La comunidad educativa ha exigido la separación inmediata de todos los docentes implicados mientras dure la investigación, invocando la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La gravedad de la situación llevó a que las propias víctimas desarrollaran un «protocolo de rescate» entre ellas para interrumpir las situaciones de encierro. Esta medida desesperada resalta la vulnerabilidad a la que estaban expuestas las menores.
La Justicia ha actuado con celeridad: ha ordenado el secuestro de los dos celulares del acusado para realizar pericias. Por su parte, el maestro ha sido apartado de su cargo, pero sigue en libertad mientras avanza la causa penal. Los padres insisten en que se garantice un entorno educativo seguro para sus hijos y que se determine no solo la responsabilidad del maestro, sino también la de quienes, según sostienen, habrían encubierto los hechos.