En la noche del jueves 14 de noviembre de 2025, un feroz incendio se desató en el polo industrial de Carlos Spegazzini, en la provincia de Buenos Aires, afectando una extensa superficie y varias empresas clave, entre las que se encontraba un depósito de Iron Mountain. El suceso remite inevitablemente a la tragedia ocurrida en 2014 en Barracas, donde un incendio intencional en un depósito de la misma compañía cobró la vida de diez bomberos y rescatistas, además de eliminar información sensible vinculada a causas judiciales y financieras.
El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, confirmó que el incendio avanzó incontrolable, alcanzando una fábrica de neumáticos, una empresa de plásticos y el almacenamiento de Iron Mountain, generando columnas de fuego que superaban los veinte metros de altura. La magnitud de la onda expansiva y la dificultad de controlar el siniestro extendieron la preocupación, especialmente por el tipo de documentos guardados en el depósito afectado, que tienen relación con la administración pública y causas judiciales relevantes.
Este no es el primer incidente grave que involucra a Iron Mountain en años recientes. En 2014, el incendio en la planta de Barracas fue calificado como intencional por peritajes oficiales, con hallazgos de sustancias acelerantes y dispositivos que habrían provocado la ignición. La tragedia abrió numerosas interrogantes acerca de la seguridad y la verdadera razón detrás del siniestro, especialmente por la destrucción de archivos sensibles vinculados a investigaciones de lavado de dinero y corrupción. Ahora, con este nuevo incendio en el predio industrial bonaerense, esas sospechas vuelven a tomar fuerza en la opinión pública y el ámbito judicial.
La segunda «pérdida» de Iron Mountain tiene particular gravedad porque se destruyeron las naves que permanecían intactas tras el incendio de 2014, es decir, la documentación que por orden judicial debía mantenerse protegida. Según fuentes oficiales y testimonios, el fuego podría haber tenido un origen premeditado, con indicios que remiten a maniobras para eliminar pruebas comprometedoras. Los informes sugieren que transformadores no pertenecientes a la empresa fueron colocados en cajas inflamables y que acelerantes se usaron para expandir el fuego rápidamente, reproduciendo un patrón similar al del siniestro anterior.
La comunidad industrial, los familiares de las víctimas de 2014 y expertos en seguridad ambiental exigen claridad y justicia para esclarecer lo ocurrido. En un contexto en que la transparencia y la protección de la información pública son críticas, nuevos incendios como este ponen en jaque la confianza ciudadana. Mientras tanto, bomberos y equipos de emergencia continúan el trabajo para controlar las llamas y evitar que el fuego vuelva a avanzar, pero el daño material y simbólico ya está hecho.
La sombra del fantasma de Iron Mountain sigue presente, con una historia marcada por tragedias, dudas y sospechas que aún esperan respuestas definitivas.
Las sospechas emergentes
Las teorías de sospecha sobre la segunda pérdida de Iron Mountain, tras el incendio ocurrido en noviembre de 2025 en el parque industrial bonaerense, giran principalmente en torno a la intencionalidad del siniestro para eliminar documentos sensibles y comprometedores. Investigaciones y pericias previas aluden a varios indicios que apuntan a esta hipótesis:
– Se señala que en el incendio de 2014 en el depósito de Barracas, que dejó 10 muertos, la causa fue intencional, con evidencia de acelerantes químicos y dispositivos de ignición colocados en múltiples focos, lo que sugiere que el fuego fue provocado y no un accidente. En la tragedia pasada, la destrucción de documentación vinculada a lavado de dinero y corrupción alerta sobre el impacto de la pérdida de archivos.
– En el incendio de 2025, el foco inicial estaría en un depósito de agroquímicos, pero el fuego alcanzó a los de Iron Mountain y otras fábricas, generando sospechas por la simultaneidad y la gravedad del incendio, similares a patrones anteriores. Se habla de la colocación de transformadores y acelerantes en puntos clave para que el fuego se propague rápidamente.
– Testimonios y fuentes no oficiales plantean que pudo tratarse de un incendio «a pedido», es decir, intencional para borrar pruebas que podrían afectar a funcionarios o grandes empresas involucradas en causas judiciales y financieras. La Unidad de Información Financiera (UIF) ha recolectado evidencias apuntando a un posible complot económico relacionado con la destrucción de archivos.
– Otra teoría sugiere la falta de mantenimiento o supervisión en los depósitos de Iron Mountain, lo cual, en un contexto de posibles intereses ocultos, permitiría que un incendio accidental se convierta en un escenario propicio para el encubrimiento.
– La ausencia de cámaras en el edificio y dificultades para monitorear la seguridad interna dificultan la investigación y alimentan las dudas sobre si el incendio pudo prevenirse o detectarse a tiempo.
En resumen, las hipótesis predominantes combinan la intencionalidad para destruir pruebas sensibles relacionadas con lavado de activos y corrupción, con elementos técnicos que sostienen la teoría de la provocación del fuego en múltiples puntos estratégicos. La Justicia y organismos de control mantienen abiertas las investigaciones para determinar responsabilidades y esclarecer la naturaleza de esta segunda «pérdida» que revive la oscura historia de Iron Mountain.