La decisión de abortar el cambio metodológico se tomó apenas ocho días antes de la fecha prevista para su implementación, en un intento por evitar que se oficializara un dato de inflación que resultaría devastador para la narrativa oficial.
Según trascendidos técnicos del propio instituto, las pruebas realizadas con la nueva canasta arrojaban para enero una inflación del 3,4%, una cifra significativamente más alta que el 2,8% registrado en diciembre.
La maniobra de Caputo y Milei busca disimular una realidad económica que contradice el discurso de desinflación consolidada. Al mantener la medición antigua, el Gobierno intenta «suavizar» un índice que, bajo los nuevos parámetros (que otorgan mayor peso a los servicios regulados y tarifas), habría desnudado un fracaso en el control de precios. El impacto de esta manipulación es especialmente sensible para el sector libertario, que ha hecho de la baja de la inflación su principal bandera política y ahora se enfrenta a una crisis de credibilidad técnica similar a las épocas más oscuras del organismo.
Esta decisión de frenar el nuevo indicador se vuelve aún más grave al analizar la tendencia de los últimos meses bajo la metodología que ahora se decidió sostener. Con el dato de diciembre, la inflación en Argentina ya acumulaba cinco meses consecutivos de suba, rompiendo con la tendencia a la baja que se había intentado instalar a mediados de 2025. Esta inercia alcista, que comenzó a manifestarse en agosto, demuestra que las presiones sobre los precios no han cedido y que el IPC sigue encontrando pisos cada vez más altos, lo que hace suponer que el próximo paso libertario será un DNU que limite, por arte de magia y decreto, la inflación a un máximo de dos puntos mensuales.
Desde el Ministerio de Economía, Luis Caputo intentó justificar la postergación argumentando que es necesario esperar a que el proceso de desinflación esté «totalmente consolidado» antes de cambiar las reglas de juego. Sin embargo, la salida de Lavagna y el nombramiento apresurado de Pedro Lines como nuevo titular del INDEC sugieren un quiebre profundo en la autarquía del instituto. Las críticas no tardaron en llegar desde consultoras privadas, que advierten que alterar la metodología por conveniencia política solo servirá para aumentar la incertidumbre y el riesgo país.
Hacia adelante, el Gobierno se enfrenta al desafío de recuperar la confianza en las estadísticas públicas mientras los precios regulados y las tarifas siguen presionando el índice mensual. El uso de una canasta de consumo obsoleta podrá maquillar los números en el corto plazo, pero no podrá ocultar la pérdida de poder adquisitivo que la sociedad percibe día a día en las góndolas. La sombra de la manipulación vuelve a sobrevolar el INDEC, poniendo en jaque uno de los pocos activos institucionales que la gestión de Milei decía querer proteger.
