La crisis no es solo contable, sino que impacta directamente en la capacidad de reposición de los medicamentos básicos. Al no recibir los fondos en tiempo y forma, las farmacias locales pierden su crédito con las droguerías, lo que interrumpe la cadena de suministro y deja las estanterías vacías. Este escenario se ve agravado por las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei, el presidente ultraderechista, cuya administración ha revisado el vademécum y las coberturas, sumando una presión adicional a los prestadores de salud que deben «poner la cara» ante los afiliados que ven reducidos sus beneficios mientras el Estado dilata los desembolsos.
Desde la Comisión Directiva de la entidad provincial fueron tajantes: las farmacias están financiando la seguridad social con recursos propios, cubriendo desde salarios y servicios hasta el aumento desmedido en el costo de los fármacos. Esta «financiación forzada» es insostenible en una economía donde la previsibilidad ha desaparecido y donde el sistema de salud parece estar en el último peldaño de las prioridades fiscales. Para los profesionales misioneros, la situación es crítica porque, a diferencia de las grandes cadenas nacionales, las farmacias de barrio y de localidades del interior no cuentan con el respaldo financiero para soportar meses de atraso en la cadena de pagos.
El drama humano se siente en cada mostrador de la provincia, donde abuelos y abuelas peregrinan buscando sus remedios con la incertidumbre de no saber si la farmacia podrá seguir aceptando la orden de la obra social. Mientras el PAMI centraliza sus decisiones y demora los cronogramas, los farmacéuticos misioneros denuncian que se ha roto el respeto básico hacia quienes sostienen un servicio esencial. La exigencia es clara: se requiere un plan de pagos urgente y transparente, ya que de lo contrario, la continuidad de la atención bajo la modalidad actual tiene los días contados.
En este complejo tablero, el Colegio reafirmó su compromiso con la salud pública, pero advirtió que la voluntad profesional no puede suplir la falta de fondos. La operatoria actual es descripta como una trampa financiera: por un lado, los impuestos y las cargas sociales deben pagarse al día, pero por el otro, el principal cliente del sector, que es el Estado, paga con meses de retraso y en cuotas que se licúan frente a la suba de precios. Sin una intervención inmediata que regularice la deuda, el sistema de atención para jubilados en Misiones se encamina a un colapso que dejará a miles de personas sin el acceso básico a su tratamiento médico.