El escenario es el resultado directo de un modelo económico que prioriza la importación de calzado asiático y brasileño sobre la manufactura local, dejando a la industria argentina sin escudos ante una competencia global que hoy resulta imbatible en costos.
La gravedad del ajuste laboral en Tucumán es el reflejo de un desplome sistémico; con la capacidad instalada perforando el 30%, la planta de Topper ha dejado de ser un motor productivo para convertirse en un símbolo de la desindustrialización acelerada. Según confirman desde el gremio UTICRA, la caída drástica del consumo interno —producto de la licuación de los salarios— y la eliminación de las trabas para importar han configurado una «tormenta perfecta». Los trabajadores que aún resisten en sus puestos han visto sus ingresos recortados en hasta $250.000 mensuales debido a la reducción de jornadas, mientras la empresa intenta acelerar el vaciamiento mediante un programa de retiros voluntarios pagados en cuotas.
Para el sur tucumano, la política de Milei no es una abstracción estadística, sino un golpe directo al corazón de su subsistencia. Aguilares y el departamento de Río Chico dependen de Topper para mantener a flote su economía local; cada despido en la fábrica impacta de inmediato en el almacén del barrio, en la logística regional y en la cadena de proveedores que hoy ven cómo su principal cliente se apaga. La ausencia de un plan de contingencia estatal para el sector manufacturero sugiere que, para el actual Ejecutivo, la desaparición de estas fuentes laborales es un «daño colateral» necesario en su camino hacia la desregulación total del mercado.
El desamparo de la industria nacional bajo esta gestión queda en evidencia al comparar la realidad de los talleres locales con la inundación de productos extranjeros en las grandes cadenas. Mientras marcas globales recuperan terreno importando modelos terminados, Topper -que supo ser el emblema del calzado accesible para la clase media- se queda sin aire bajo el peso del «costo argentino» y una presión impositiva que el Gobierno no ha aliviado para los productores, pero sí ha compensado para los importadores mediante la baja de aranceles. La pregunta ya no es si Topper puede competir, sino si el Gobierno tiene algún interés en que la Argentina siga fabricando aquello que consume.
En definitiva, lo que ocurre en Aguilares es la crónica de una muerte anunciada por un modelo que desprecia el valor agregado local. Si la planta cierra sus puertas, no solo desaparecerán 160 familias del mapa del trabajo formal, sino que se le pondrá el epitafio a una de las últimas marcas con identidad nacional que resistía en el interior del país. El «grito de guerra» del libre mercado parece estar silenciando definitivamente las máquinas de Tucumán, dejando un desierto industrial donde antes hubo orgullo, trabajo y futuro para miles de argentinos.