El anuncio se produjo tras una reunión de emergencia en Casa Rosada entre Bullrich y las figuras centrales del gabinete: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía), junto al asesor Santiago Caputo. A pesar de que el oficialismo logró un dictamen de mayoría con 20 firmas de libertarios, radicales, el PRO y bloques provinciales, la fragilidad del acuerdo quedó expuesta: la mayoría de los aliados firmó en «disidencia parcial», lo que obligará al Gobierno a encarar nuevas negociaciones para evitar una derrota en el recinto.
Entre los puntos que generan mayor fricción se encuentra el financiamiento del Fondo de Asistencia Laboral. Los bloques dialoguistas exigen cambios para evitar que se utilicen aportes destinados a la Anses. No obstante, se incluyeron algunas modificaciones solicitadas por pymes y bancos, como la posibilidad de pagar indemnizaciones en 18 cuotas y la ratificación de que los salarios puedan abonarse tanto en moneda nacional como extranjera.
Por otro lado, la presión sindical se hizo sentir. Desde la CGT se atribuyeron la demora en el tratamiento legislativo, sosteniendo que las recientes movilizaciones sociales evidenciaron un rechazo contundente a la reforma. En el plano legislativo, el interbloque peronista, encabezado por José Mayans, mantuvo su postura de no integrar formalmente las comisiones en protesta por el reparto de bancas, aunque sus senadores participaron del plenario para denunciar el intento de «tratamiento exprés» por parte del oficialismo.
La jornada también contó con la exposición de diversos sectores afectados. Entre ellos, el gremio Sipreba manifestó su rechazo absoluto a la intención de eliminar el Estatuto del Periodista, sumándose a las voces de alerta de la Justicia, trabajadores de plataformas y entidades bancarias que seguirán bajo la lupa hasta que el debate se retome en febrero.