El conflicto por el Capítulo XI y el fantasma del déficit
La furia del Gobierno nacional se centra en la caída de las derogaciones de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. Estas normas habían sido vetadas por Milei durante 2025, pero el Congreso logró insistir con dos tercios de los votos para mantenerlas vigentes. Al no poder eliminarlas a través del Presupuesto, la administración ultraderechista sostiene que el proyecto actual «no sirve», ya que el gasto que generan estas leyes pone en riesgo el superávit fiscal.
«La sociedad votó orden y fin del déficit permanente», advierten desde el entorno presidencial, donde aseguran que no aceptarán administrar un presupuesto que los obligue a gestionar con saldos negativos. De no revertirse esta situación, el Ejecutivo prefiere quedarse sin ley y prorrogar nuevamente el presupuesto anterior antes que convalidar el texto modificado por los diputados.
Alianzas rotas y el rol de los «traidores»
El triunfo parcial en la votación en general (132 votos) fue posible gracias al apoyo del PRO y de bloques que responden a gobernadores como Hugo Passalacqua (Misiones). Sin embargo, la estrategia se desmoronó en la votación en particular. La Casa Rosada apuntó directamente contra:
Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta): Señalados como traidores por haber recibido fondos de ATN y luego votar en contra del ajuste en discapacidad y universidades.
La UCR dialoguista: Un sector del radicalismo que responde a mandatarios como Leandro Zdero y Gustavo Valdés también se desmarcó del oficialismo.
Un Senado hostil y las dudas del PRO
El proyecto se traslada ahora al Senado, donde el panorama es aún más complejo para La Libertad Avanza. La inferioridad numérica del oficialismo lo obliga a negociar con los mismos gobernadores a los que hoy acusa de traición. Para colmo, el apoyo del PRO —que fue clave en Diputados bajo la gestión de Diego Santilli— empieza a mostrar fisuras y dudas de cara al debate en la Cámara Alta.
Si el Senado ratifica el rechazo al Capítulo XI o introduce nuevas modificaciones, el proyecto debería volver a Diputados, lo que estiraría los tiempos más allá del 30 de diciembre, fin de las sesiones extraordinarias. Ante este laberinto legislativo, la mesa chica de Javier Milei ya analiza el veto total como una herramienta para mantener la intransigencia fiscal que define a su gestión.