Así es que de no jugar la cintura política de los mandatarios provinciales en las próximas horas, obras públicas de interés o programas para el desarrollo de economías regionales quedarán a merced de las decisiones del Gobierno nacional. Y el poder de negociación se verá diezmado ya que el 2025 es un año electoral y el Congreso quedará en estado catatónico. Así que los compromisos que surjan para aprobar la reforma electoral en extraordinarias serán como promesas escritas en el agua.
Pese al leve avance en las negociaciones abiertas de manera individual con los gobernadores que afloró el pasado martes, por los pasillos de Casa Rosada aseguraron que las posibilidades discutir y aprobar la previsión para el año entrante en diciembre son escasas.
“No estamos dispuestos a negociar ninguno de los puntos del comunicado. Si ellos quieren presupuesto, tienen que aprobar el que está”, insistieron tras el documento de los mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio.
Los reclamos consisten en las deudas por cajas previsionales; la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos; la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN); la limitación de la alícuota de la Agencia de Recaudación Federal (ex AFIP) y compensaciones pendientes del Consenso Fiscal 2017. Los que llevan las cuentas en la administración libertaria estiman que los pedidos configuran un total 3.700 millones de dólares.
Luego de la reunión de Gabinete que encabezó hoy el Presidente, una alta fuente anticipó a la agencia Noticias Argentinas que “habrá extraordinarias”, aunque evitó puntualizar el temario.
Asimismo, aseguró que buscan debatir reforma política, específicamente la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la modificación del financiamiento de los partidos.
También estudian sumar la privatización de Aerolíneas Argentinas y los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema, de conseguir los votos necesarios para su aprobación, y con la intención de demostrar que se habilitaron todas las instancias institucionales posibles para el nombramiento por su curso natural.
Si bien en los últimos días los negociadores del Poder Ejecutivo no descartaban avances con las provincias, hoy aclararon que las conversaciones son débiles y que la posibilidad de añadirlo en el temario “es muy baja”, por lo que se espera la prorroga del Presupuesto 2023 por segundo año consecutivo.
Tras un nuevo fracaso de la Cámara de Diputados en su intento por tratar el proyecto de Ficha Limpia, que impide a los condenados en segunda instancia poder ser candidatos a cargos electivos, por los pasillos de Balcarce 50 ven con buenos ojos la chance de tratarlo en diciembre a cambio de que el PRO y el radicalismo acompañen la reforma electoral.
Los socios legislativos del oficialismo miran con recelo al bloque violeta que contó con las ausencias de Santiago Santurio, Marcela Pagano, Emilia Orozco, Pablo Ansaloni, Carolina Píparo, José Peluc, Lorena Maczsyn, y Álvaro Martínez, y los responsabilizan de haber acordado con el kirchnerismo a raíz de la insistente estrategia de polarizar con Cristina Kirchner.
Si bien los libertarios consideran que se trata de un proyecto que “nadie quiere” y que es más para “sacar bandera” que para restringir judicialmente a los condenados, están dispuestos a trabajar para su sanción siempre y cuando los aliados desistan en sus matices con la ley de reforma para el Fortalecimiento Electoral.
La idea es poder avanzar en la eliminación de las PASO, la modificación de la ley Orgánica de Partidos Políticos y el sistema de financiamiento de las fuerzas que compiten en los comicios.
De darse el peor de los escenarios y no conseguir el respaldo, consideran que instalar el tema le permitirá al Poder Ejecutivo avanzar, tarde o temprano, con las modificaciones planeadas.