El Decreto 421/2025 confirma este acuerdo, que permitirá al gobierno nacional sostener la asistencia alimentaria en un contexto de alta vulnerabilidad. Este plan busca:
Ampliar la cobertura etaria: Se busca extender la asistencia hasta jóvenes de 17 años.
Realizar transferencias monetarias directas: Es una de las formas en que se materializa la ayuda, entregando dinero directamente a los beneficiarios para que puedan adquirir alimentos.
Financiarse a través de endeudamiento externo: En este caso particular, el gobierno de Javier Milei, de ultraderecha, optó por un préstamo de USD 300 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para sostener y reforzar este plan.
Los fondos se utilizarán para cubrir transferencias monetarias directas correspondientes a noviembre y diciembre de 2024, además de comisiones y gastos del préstamo. El desembolso se realizará en un plazo de hasta 24 meses, con un período de gracia de tres años y amortización en 25 cuotas semestrales. La tasa de interés será la SOFR a plazo más un margen del 1,90% anual, con un financiamiento compensatorio de 20 puntos básicos durante los primeros 8 años.
El Ministerio de Capital Humano, a través de sus secretarías de Niñez y de Coordinación Legal y Administrativa, será el organismo ejecutor del programa. Tanto el Banco Central como la Oficina Nacional de Crédito Público han respaldado el acuerdo, indicando que su impacto en la balanza de pagos es limitado y que el costo financiero es menor al que el país podría obtener en el mercado.
El contrato también incluye cláusulas de cumplimiento legal, transparencia y sostenibilidad ambiental y social. Para cada desembolso, Argentina deberá presentar informes técnicos y jurídicos que acrediten la ejecución presupuestaria del programa hasta diciembre de 2024.
¿Endeudarse para alimentos o para generar trabajo? Un debate en el horizonte
Es una herramienta clave del Ministerio de Capital Humano para brindar apoyo económico directo a familias necesitadas y asegurar que tengan acceso a alimentos, especialmente a niños y adolescentes. Sin embargo, esta decisión de endeudarse para sostener la Prestación Alimentar podría generar un debate sobre las prioridades en la asignación de recursos.
Una posible contraposición surge al considerar si la toma de deuda debería enfocarse primariamente en la generación de empleo y el impulso productivo. Argumentos podrían señalar que, si bien la asistencia alimentaria es crucial para abordar la urgencia social, la inversión en infraestructura, educación, o sectores productivos generaría empleo a largo plazo y, con ello, ingresos que permitirían a las familias autoabastecerse, reduciendo así la necesidad de asistencia directa.
Por otro lado, quienes defienden el endeudamiento para alimentos podrían argumentar que en una crisis de vulnerabilidad, la prioridad es garantizar que la población tenga qué comer, siendo el sustento básico una precondición para cualquier desarrollo posterior o capacidad de búsqueda de empleo.