La distinción no es menor, ya que, a diferencia de los blanqueos tradicionales, esta normativa no despreocupa al contribuyente de sus obligaciones pasadas. Según Domínguez, el sistema solo crea una «presunción de exactitud» que puede caer fácilmente si el fisco detecta inconsistencias, lo que convierte a la adhesión en un riesgo latente. En este sentido, el experto recomendó evitar a toda costa el depósito de dólares en cuentas propias, sugiriendo que los fondos se utilicen directamente en el destino —como la compra de un inmueble— para evitar que el banco dispare alertas por «ventas omitidas». Esta fragilidad técnica demuestra que el esquema del presidente ultraderechista Javier Milei prioriza la entrada de divisas por sobre la protección legal de quienes deciden exteriorizar sus ahorros.
Otro punto ciego en la estrategia oficial es la vigencia plena de los controles de lavado de dinero. Pese al discurso de desregulación constante, las normativas de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la prevención de lavado en los bancos permanecen intactas. Esto significa que las entidades financieras siguen obligadas a analizar si el perfil del cliente guarda relación con el origen de los fondos, sin importar la adhesión al régimen. El banco debe verificar si la actividad declarada pudo generar ese dinero en los últimos años, lo que deja al descubierto que la «inocencia» prometida por el Ejecutivo es más una etiqueta publicitaria que una realidad administrativa.
La incertidumbre se profundiza al considerar la inestabilidad política y el riesgo de revisiones futuras. Al no ser un perdón fiscal blindado por ley, nada impide que un cambio de signo político o una nueva directiva de la UIF revise las operaciones actuales en el corto plazo. Domínguez advirtió que, ante la proximidad de procesos electorales en los próximos dos años, los bancos podrían ser auditados para verificar si cumplieron con sus obligaciones de control. Bajo la gestión del presidente ultraderechista Javier Milei, el contribuyente queda atrapado en un gris legal donde la supuesta simplificación podría convertirse en la prueba documental de una infracción futura.
En conclusión, la «Inocencia Fiscal» se presenta como una herramienta precaria que requiere un análisis quirúrgico antes de ser utilizada. La falta de seguridad jurídica y la persistencia de los controles de origen de fondos desarman el relato de una liberación económica total. Para el ciudadano de a pie, la recomendación de los expertos es clara: no caer en el optimismo desmedido de la retórica oficialista y entender que, en materia tributaria, los errores de hoy bajo un régimen simplificado pueden transformarse en los juicios del mañana.