Los conductores en Misiones enfrentan el décimo aumento de combustibles del año tras la disposición del Gobierno nacional de aplicar un nuevo ajuste a los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono (Decreto 782/2025). Esta medida, que actualiza períodos postergados de 2024, se traduce en alzas de hasta 2,6% en la provincia.
Con este incremento, los precios en Misiones alcanzan valores récord en los surtidores. En YPF, la nafta súper ya cuesta $1.589 por litro, la Infinia llega a $1.789 y el diésel premium a $1.831. En otras banderas como Shell y Axion, los combustibles más caros superan los $1.900.
El desvío de los fondos viales
El aumento reaviva la controversia sobre el destino del Impuesto a los Combustibles, que fue creado con la función específica de financiar obras viales.
La realidad es que el fondo se utiliza de forma cada vez más discrecional y con escasa transparencia. De acuerdo con un relevamiento de legisladores, en 2024 solo una porción de lo recaudado fue utilizada, y en parte, para inversiones financieras, principalmente la colocación de plazos fijos en el Banco Nación y bonos públicos. El sistema que debía garantizar el mantenimiento de las rutas hoy acumula recursos que no llegan al asfalto.
Rutas deterioradas y promesas incumplidas
La falta de ejecución se refleja en los números oficiales: el programa “Pavimentación de Rutas Nacionales” alcanzó apenas el 24% de sus metas el año pasado: de los 205 kilómetros planificados, solo se completaron 49.
Esta situación preocupa a Misiones y a las demás provincias, que denuncian el deterioro del estado de las rutas nacionales y advierten por el incremento de los accidentes viales asociados a la falta de mantenimiento. Algunos gobernadores incluso iniciaron acciones judiciales para reclamar la administración directa de los tramos bajo su jurisdicción.
El Gobierno justifica estos aumentos con el objetivo de mantener un sendero fiscal sostenible, pero distintos especialistas advierten que el ajuste impacta directamente en el bolsillo de los consumidores y encarece los costos del transporte.
Mientras los 24 mandatarios provinciales coinciden en que “se recauda pero no se distribuye” y exigen mayor transparencia, el Presupuesto 2026 proyecta un aumento del 72% en la presión fiscal sobre los combustibles, sin previsión de que ese incremento se traduzca en una mejora proporcional de la inversión vial.