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Argentina / Economía | El BCRA fija tope a los intereses de tarjetas no bancarias

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha establecido un nuevo límite máximo del 72,56% para las tasas de interés que pueden cobrar las emisoras no financieras de tarjetas de crédito, una medida que busca contener el costo del endeudamiento en un escenario económico crítico marcado por la pérdida del poder adquisitivo. A través de la Comunicación “B” 13096/2025, la autoridad monetaria busca poner un techo al costo del financiamiento para el consumo que se realiza fuera de los bancos tradicionales, una herramienta que ha crecido exponencialmente ante la dificultad de los sectores medios y bajos para acceder al sistema formal.

En un marco donde la gestión del presidente ultraderechista, Javier Milei, ha promovido la desregulación, esta intervención del BCRA actúa como un salvavidas regulatorio para evitar que las tasas de interés profundicen la crisis de deuda de los hogares.

¿Qué son las tarjetas de crédito no bancarias?

A diferencia de las tarjetas emitidas por bancos comerciales (como el Galicia, Santander o Nación), las tarjetas no bancarias son instrumentos de pago otorgados por entidades que no tienen licencia bancaria. Estas suelen incluir:

Empresas de retail: Cadenas de supermercados o tiendas de electrodomésticos que ofrecen su propia tarjeta para financiar compras en sus locales.

Emisoras de tarjetas de compra: Compañías financieras que se dedican exclusivamente a este rubro.

Fintechs: Plataformas digitales que ofrecen crédito rápido a través de plásticos o aplicaciones.

Estas tarjetas son fundamentales para los sectores no bancarizados, pero suelen ser más costosas. Al no ser depósitos del público lo que prestan, sino capital propio o financiamiento externo, estas entidades suelen aplicar tasas mucho más altas que los bancos. Sin un tope como el que acaba de fijar el BCRA, el costo financiero total podría volverse impagable para un consumidor en crisis.

El impacto en el bolsillo en medio de la recesión

La decisión de fijar el tope en 72,56% —basado en el promedio de préstamos personales del sistema financiero de diciembre de 2025— entrará en vigencia en enero de 2026. La medida llega en un momento de fragilidad social, donde el financiamiento con tarjeta ya no se utiliza solo para bienes durables (como un televisor), sino para cubrir necesidades básicas y alimentos.

Al alinear el costo de las tarjetas no bancarias con el de los préstamos personales bancarios, el Central intenta evitar que la brecha de desigualdad financiera se dispare. En la práctica, esto impide que las financieras de consumo apliquen tasas usurarias a quienes, por su perfil de riesgo o falta de recibo de sueldo, no pueden acceder a un crédito bancario tradicional.