La nueva normativa, que entró en vigencia el 1° de diciembre, busca «modernizar los montos, parámetros y procedimientos» del control fiscal, adaptando los criterios de «habitualidad» a la realidad inflacionaria y al crecimiento exponencial del comercio electrónico, que ya representa uno de cada cuatro pesos del consumo total del país.

El umbral de los $750.000 que dispara el control de IVA

El punto central de la Resolución General 5794/25 es el nuevo piso económico que determina cuándo un vendedor no inscripto pasa a ser considerado «habitual» y, por lo tanto, sujeto al régimen especial de percepciones del IVA.

La retención del IVA a través de las plataformas se aplicará automáticamente a aquellos vendedores que cumplan con la cantidad mínima de operaciones y, simultáneamente, alcancen un monto igual o superior a $750.000.

Los nuevos parámetros para definir la habitualidad son:

Habitualidad Mensual: 10 o más operaciones en un mes calendario y un monto total igual o superior a $750.000.

Habitualidad Cuatrimestral: 4 o más operaciones por mes durante el cuatrimestre y un monto acumulado igual o superior a $750.000.

Al cruzar este límite y no estar registrado como Responsable Inscripto o Monotributista, el vendedor pasa a ser calificado como «sujeto no categorizado» y las plataformas quedan obligadas a retener el IVA sobre las operaciones.

«La medida responde a la necesidad de… ofrecer mayor certeza a contribuyentes y operadores», explicaron desde la ARCA, cuyo director ejecutivo es Juan Pazo.

Un mayor cerco fiscal en la «era libertaria»

Esta actualización de los criterios de control fiscal se da en un contexto de búsqueda de mayor recaudación y transparencia tributaria. La ARCA subrayó que las plataformas digitales deberán asegurar la identificación tributaria de todos los operadores mediante CUIT, CUIL o CDI, y consignar las percepciones del impuesto de manera clara y discriminada en las facturas.

La nueva resolución del organismo, si bien eleva los topes desactualizados que regían anteriormente (lo que podría liberar a pequeños vendedores de la obligación), también consolida un cerco de control más ajustado sobre la base de quienes utilizan el e-commerce como fuente de ingresos, marcando un hito en la fiscalización de la economía digital en el país.