Desde este martes, 1° de julio, las exportaciones de poroto de soja volverán a tributar un 33% (frente al 26% transitorio), mientras que los derivados de soja (aceite y harina) pasarán del 24,5% al 31%. El maíz, por su parte, regresará a una alícuota del 12%, luego de la rebaja temporal al 9,5% que estuvo vigente en los últimos meses. El único «beneficio» extendido es para el trigo y la cebada, que se encuentran en temporada de siembra.
La Promesa Incumplida: ¿Dónde Queda la Eliminación de Impuestos Distorsivos?
La decisión del gobierno de Milei contrasta crudamente con el discurso libertario que tanto enarbola el presidente. Su plataforma prometía una drástica reducción de impuestos, incluyendo la eliminación de las «nefastas» retenciones que, según su propia retórica, ahogan la producción y la inversión. Sin embargo, en un giro pragmático que muchos ven como una claudicación ante la necesidad fiscal, las retenciones no solo persisten, sino que se recalibran al alza para dos de los principales motores de la economía argentina.
«No hay más margen para medidas de corto plazo», sentenció la Mesa de Enlace, recordando que el sector viene «reclamando, desde hace meses y años, medidas urgentes y definitivas que atiendan los graves problemas de competitividad que arrastra el sector». La frustración es palpable: las expectativas de una extensión de la baja, basada en la supuesta afinidad ideológica y las promesas de campaña de Milei, se desvanecieron.
Un «Impuesto Distorsivo y Perjudicial» que Atenta Contra el Desarrollo Federal
El documento de las entidades agropecuarias no se anduvo con rodeos al calificar a los Derechos de Exportación (DEX) como un «impuesto distorsivo, anacrónico y perjudicial». Argumentan que esta carga fiscal ha impedido que Argentina «desaproveche inmejorables oportunidades para la inversión y el desarrollo federal», generando un «inevitable retraso social, tecnológico y productivo». La «presión fiscal asfixiante, inequitativa e injusta», denuncian, ataca directamente la competitividad del sector en cada provincia donde la cadena agroindustrial es motor de empleo y calidad de vida.
Esta crítica resuena con la promesa incumplida del presidente Milei de aliviar la carga fiscal. Paradójicamente, un gobierno que se presenta como «libertario» y anti-impuestos no solo mantiene, sino que restablece impuestos que su propio discurso condena como destructivos.
Críticas Cruzadas y un Campo que Aún Espera Respuestas
La medida también ha generado críticas por parte de los gobernadores de las provincias agrícolas, como el santafesino Maximiliano Pullaro, quien exige que «todo lo que se genera en el campo debe quedar en los pueblos y en las ciudades del campo». Mientras tanto, en los últimos días, se ha observado una aceleración en la presentación de declaraciones juradas para la liquidación de exportaciones, lo que indica un intento desesperado del sector por aprovechar los últimos momentos de las alícuotas más bajas. Sin embargo, la advertencia del campo es clara: alrededor del 70% de la cosecha gruesa aún está por venderse, lo que significa que el impacto de esta suba de retenciones será sentido por la vasta mayoría de los productores.
El presidente Javier Milei, que se jacta de aplicar un «shock» de libertad y desregulación, se encuentra ahora en la incómoda posición de defender una medida que su propia ideología condena, demostrando una vez más la distancia entre la retórica de campaña y las crudas realidades de la gestión económica. ¿Podrá el ultraderechista presidente reconciliar su ideología anti-impuestos con la necesidad de recaudación, o esta decisión minará aún más su credibilidad entre sus bases de apoyo?