El freno en las obras públicas por parte del gobierno es, según la CAMARCO, una de las causas directas de esta situación. Desde el sector denuncian que esta política no solo «frena servicios esenciales» y «compromete la competitividad», sino que también aumenta la deuda del Estado con las empresas que ya han ejecutado proyectos. Además, la construcción privada, históricamente un motor del empleo, también se encuentra paralizada, lo que amplifica el impacto negativo.
Para revertir este panorama, la Cámara exige al gobierno un “plan federal de trabajo con horizonte de 20 años”. Entre las propuestas clave se encuentran la reactivación de las obras públicas ya comenzadas, el reconocimiento de la deuda estatal con las empresas y la creación de mecanismos de financiamiento que promuevan la inversión privada. También proponen fomentar el desarrollo inmobiliario y la ampliación de los créditos hipotecarios como medidas para dinamizar el sector.
Los datos oficiales confirman la gravedad de la situación, que se da en medio de las políticas económicas del presidente ultraderechista. Según el INDEC, la actividad de la construcción tuvo una caída mensual del 1,8% en julio. En paralelo, la venta de insumos para el sector también se desplomó, con una baja interanual del 5,5% en agosto, según el Índice Construya. Estos números demuestran la falta de recuperación y el profundo deterioro que está sufriendo la actividad.
La CAMARCO concluyó con un llamado al diálogo y a la acción, reiterando su compromiso para «ser parte de la solución». El sector, que insiste en la construcción como una herramienta de «inclusión, progreso y equidad», espera que la infraestructura vuelva a ser una prioridad nacional para transformar la economía y el futuro del país.