También avanzaron con la interpelación al jefe de Gabinete Guillermo Francos, ministro de Economía Luis Caputo, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva.
La Comisión debe constituirse el 23 de abril pero los funcionarios deberán presentarse el 22 de abril a las 14 horas.
Javier Milei y Karina Milei no serán interpelados por falta de consenso entre las bancadas opositoras. Dado que se trata de proyectos de resolución, no deben pasar por el Senado. Los funcionarios deberán presentarse el 22 de abril a las 14.
La sesión había sido convocada por diferentes bloques de la oposición dura y dialoguista como Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. Sin embargo, el quórum para poder dar inicio a la sesión no estaba garantizado y sería determinante el rol que asumieran la UCR y los gobernadores, que en otras votaciones clave para el Gobierno ejercieron presión sobre varias bancadas.
La primera señal de alarma para el oficialismo se encendió cuando se sentaron en sus bancas los cuatro diputados cordobeses de Encuentro Federal que trabajan en sintonía con el gobernador Martín Llaryora (finalmente votaron en contra pero habilitaron la sesión). Luego se sumaron otros legisladores que estaban en duda, como Jorge Ávila, que responde directamente al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y los cuatro diputados de Catamarca de Unión por la Patria, que se habían ausentado en la última sesión al momento de votar en contra del acuerdo con el FMI. Esta vez actuaron en tándem con el resto del peronismo. Finalmente, los radicales Julio Cobos, Fabio Quetglas y Mario Barletta completaron los 129.
El primer diputado libertario en tomar la palabra fue Nicolás Mayoraz, quien calificó la iniciativa opositora como un “verdadero circo”. “Las comisiones investigadoras no están en discusión. Pero el límite es que tienen que contribuir a la tarea de los legisladores, aquí no se ve ninguna finalidad que apunte en ese sentido. Ya de antemano están juzgando el hecho y directamente condenando diciendo que es una estafa, cuando ni siquiera la Justicia ha hecho ningún tipo de imputación”, explicó.
El radicalismo mayoritariamente también se manifestó en contra de la conformación de la comisión investigadora y la interpelación de los funcionarios (a excepción de Francos). “En el bloque radical no estamos en contra de las comisiones investigadoras. Lo que sí creemos es que no es el momento de la oportunidad y conveniencia para tratar este tema, cuando la Justicia nacional e internacional está llevando este caso adelante en todo el proceso de investigación y realmente es poco lo que vamos a poder averiguar en esta etapa. Por eso preferimos esperar y escuchar qué tiene para decir el Jefe de Gabinete”, argumentó la bonaerense Karina Banfi.
El presidente de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, destacó la importancia de que el Congreso “no mire para el costado”. “No le puede pasar por el costado al Parlamento que se ande diciendo en el mundo que con un par de dólares tienen agarrado al Presidente de la Nación”, afirmó.
En la misma línea, Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, detalló que “el Gobierno debe dar explicaciones en función de lo que el Congreso le requiera, no de lo que quiera contar”.
Lo dijo en referencia al anuncio oficial de que Guillermo Francos se presentará a hacer su informe de gestión el miércoles 23 y que contestará preguntas sobre el caso $Libra. La maniobra buscaba darle una excusa a los sectores dialoguistas, especialmente a la UCR, para dar por terminada la cuestión.
El peronista Martín Soria hizo uno de los discursos más duros e ironizó con la reticencia de los libertarios a dejar que avance la comisión investigadora: “Los que promocionaban el año pasado auditorías para las universidades y los medicamentos para los abuelos, ahora que el Congreso quiere investigar la estafa de Milei se ponen nerviosos. El que no se deja auditar es chorro. ¿Les suena?”, arremetió.
Una de las modificaciones realizadas al texto fue la introducción de dos fechas límites para evitar que el oficialismo demore la conformación de la comisión investigadora. Según el texto aprobado, el 15 de abril la Presidencia de la Cámara de Diputados deberá informar cómo quedó constituida la comisión y el 23 de abril deberá llevarse adelante la reunión constitutiva.
Ante la consulta de Infobae, un diputado del centro que votó a favor de la comisión investigadora y de las interpelaciones a funcionarios reconoció que la Constitución no establece ninguna sanción contra los que no se presenten a dar explicaciones. Por lo que anticipaba que difícilmente Caputo, Cúneo Libarona o Silva vayan al Congreso a contestar preguntas. Distinto es el caso de Francos que podría enfrentar una moción de censura y una eventual destitución.