La AFIP, a través de la Aduana, impidió la exportación ilegal de una serie de pinturas robadas pertenecientes al Patrimonio Artístico-Histórico de la República del Perú. El procedimiento se efectuó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza antes de que las obras fueran enviadas hacia los Estados Unidos.
El cargamento ilegal está compuesto por dos esculturas y ocho cuadros que habían sido denunciados por Ministerio de Cultura de la República del Perú por considerarlos patrimonio cultural peruano. Entre las obras se destaca una pintura al óleo que representaba la temática religiosa del estilo virreinal del siglo XVIII.
El procedimiento se realizó en el marco de las tareas de investigación de la División Prohibiciones No Económicas, dependiente de la Dirección de Investigaciones de la Subdirección de Control Aduanero de la DGA. El objetivo de esta área es prevenir el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y, por tal motivo, se coordinaron acciones conjuntas con la Sección Centro Nacional De Protección Del Patrimonio Cultural de Interpol Argentina a fin de lograr detectar todas las obras.
Las primeras alertas sobre este cargamento de obras fue cuando iban a ser despachadas por un famoso «art dealer» argentino que estuvo involucrado en numerosos hechos de tráfico ilegal de obras de arte. Los agentes aduaneros decidieron verificar minuciosamente las pinturas y esculturas y pudieron constatar que al menos una de las obras coincidía con un óleo robado que había sido denunciado por el Ministerio de Cultura de la República del Perú.
Según informó el personal de la División Prohibiciones No Económicas, la obra originalmente sustraída presentaba iguales características a la denunciada, con el añadido de un personaje orante, constituyendo ésta una alteración en la composición original con posibles fines de eludir los controles.
Pese a las maniobras realizadas por el “art dealer”, los agentes aduaneros –junto con el personal de Interpol– pudieron impedir la exportación ilegal a los Estados Unidos y secuestrar las obras por orden del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 3, a cargo de Rafael Francisco Caputo, Secretaría Nº 5, a cargo de Sandra Viviana Goñi.