Agustín Gómez, presidente del Centro de Empleados de Comercio de Posadas, advirtió que la capacidad de compra de las familias ha desaparecido, dejando a los asalariados sin margen alguno para el consumo básico, lo que impacta de forma directa y letal en las cajas registradoras de los negocios locales. Esta retracción de la demanda no es un hecho aislado, sino un síntoma de una crisis sistémica que ya se traduce en una conflictividad laboral creciente y en el cierre definitivo de persianas en el microcentro.

La desregulación económica ha sumado un peso insoportable a la estructura de costos de los comerciantes, destacándose el fin de la Ley de Alquileres como uno de los disparadores de la crisis. Según el referente gremial, la liberación de los precios de los arrendamientos ha disparado los costos fijos a niveles que muchos locales no pueden absorber ante la falta de ventas. Esta asfixia financiera genera una reacción en cadena que afecta primero al eslabón más débil: el trabajador. Gómez reveló que han proliferado los casos de comercios que no cumplen con las escalas salariales vigentes, registrando retrasos sistemáticos en los pagos o, en situaciones cada vez más comunes, el abono de sueldos en cuotas.

La gravedad de la coyuntura se manifiesta con nombre y apellido en las grandes superficies y cadenas nacionales que operan en la provincia. El Centro de Empleados de Comercio destacó situaciones alarmantes como la del hipermercado Libertad, que tras un cambio de firma despidió a la mitad de su personal, o el caso de Changomás, que en el marco de un ajuste nacional de 250 bajas, desvinculó a 30 trabajadores solo en la sede de Posadas. A esto se suman numerosos locales del interior de Misiones que han optado por reducir drásticamente sus plantillas o directamente cesar sus actividades, confirmando que la crisis golpea con la misma intensidad al pequeño comerciante y a las grandes estructuras.

Ante la falta de soluciones económicas, el conflicto se ha desplazado al terreno legal. Desde el gremio informaron que se está brindando asistencia jurídica constante a los empleados que deciden iniciar demandas laborales para reclamar sus indemnizaciones o el pago de salarios adeudados. Sin embargo, existe una realidad silenciosa y dolorosa: muchos trabajadores, ante la desesperación y la falta de perspectivas de empleo inmediato, aceptan arreglos económicos desfavorables y complejos simplemente para contar con algo de efectivo en el corto plazo, renunciando a derechos adquiridos bajo la presión de una economía que no ofrece respiro.

Este escenario de «tormenta perfecta» refleja una coincidencia total entre todos los actores del sistema productivo misionero: la estabilidad es inexistente cuando el mercado interno se pulveriza. Mientras los costos operativos, liderados por alquileres y energía, siguen una curva ascendente, los ingresos de los trabajadores y las ventas de los comercios se hunden, arrastrando a Posadas a una de las situaciones más difíciles de los últimos años. La crisis ya no es una amenaza lejana, sino una realidad palpable en cada local vacío y en cada despido que se tramita en las oficinas gremiales.