Las acusaciones que eyectaron a Reidel del sector nuclear son de una gravedad institucional extrema, involucrando sobreprecios de hasta el 1000% en contrataciones tecnológicas. Según la denuncia de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), bajo la gestión de Reidel se autorizó la compra de un software de gestión por 7 millones de dólares, cuando el valor de mercado del mismo sistema ronda apenas los 600.000 dólares. A este desfalco se le suma la irregular licitación del servicio de limpieza para las centrales de Atucha, donde se intentó beneficiar a la empresa Limpiolux con un contrato un 140% más caro que los valores históricos, forzando informes técnicos para «justificar» el negocio.
La sombra de la corrupción escaló a un plano personal cuando se reveló que Reidel logró saldar deudas bancarias por 825 millones de pesos en apenas 18 días, justo en coincidencia con las millonarias adjudicaciones que otorgaba desde Nucleoeléctrica. Aunque el ahora exfuncionario intentó explicar en redes sociales que el dinero provino de la venta de un desarrollo inmobiliario, la celeridad con la que pasó de un estado de «insolvencia» a cancelar pasivos millonarios disparó todas las alarmas en los organismos de control. Para los libertarios, defender la transparencia de un funcionario que solía despreciar públicamente a sus compatriotas —llegó a decir que el problema de Argentina «son los argentinos»— se ha vuelto una tarea imposible.
El vacío de poder dejado por Reidel fue rápidamente cubierto por Juan Martín Campos, en un intento del Ejecutivo por contener el daño y avanzar con el plan de privatizaciones que lidera Diego Chaher, hombre del riñón de Santiago Caputo. Sin embargo, el recambio de nombres no logra ocultar que la gestión del presidente ultraderechista Javier Milei enfrenta su peor semana: con sus amigos personales procesados o renunciados por manejos turbios de fondos públicos, la «casta» parece haber encontrado refugio en el corazón mismo del proyecto libertario. La salida de Reidel, quien ya había tenido que abandonar el Consejo de Asesores por sus exabruptos, marca un punto de no retorno en la confianza social sobre el equipo económico.
Hacia adelante, la situación judicial de Reidel y su entorno —incluyendo a los gerentes desplazados por las denuncias de sobreprecios— promete seguir alimentando el clima de sospecha que rodea a la Casa Rosada. Mientras el ingreso de los hogares cae y las deudas de la gente común baten récords, los hombres de confianza del Presidente enfrentan investigaciones por enriquecimiento y fraude al Estado. Un país con sus cuentas en orden pero con sus naves industriales vaciándose, y ahora con sus organismos estratégicos sospechados de ser cajas de recaudación, es el complejo escenario que los libertarios ya no pueden explicar solo con retórica mediática.
