Uno de los dos abogados del represor Jorge Rafael Videla renunció el miércoles, y «el otro lo haría en las próximas horas», a la defensa del ex presidente de facto en el juicio oral y público por el robo sistemático de bebés durante la última dictadura militar, confirmaron fuentes judiciales.
El letrado Luis Boffi Carri Pérez, co-defensor junto con Rodolfo Casabal Elía, presentó un escrito mediante el cual «cumpliendo expresas instrucciones» de Videla, renunció a ejercer ese rol porque «en la etapa procesal que va a comenzar» el imputado «no desea ser asistido por abogados particulares».
El próximo lunes, en un juicio que será televisado, Videla y el también ex presidente de facto Reinaldo Bignone y otros seis procesados, entre ellos el ex oficial de la marina Jorge Acosta, comenzarán a ser juzgados por la sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de 10 años.
Al justificar su renuncia Boffi Carri Pérez sostuvo que cuando aceptó asistir a Videla no solo asumió la defensa del dictador, sino también del derecho, ponderando los principios de la Constitución Nacional, entre ellos la irretroactividad de la ley más severa.
«La defensa de los principios jurídicos expuestos no puede ser llevada a cabo frente a nuevas doctrinas que no concuerdan, a mi modo de ver, con nuestro ordenamiento legal», consignó el letrado.
En el mismo escrito, Boffi Carri Pérez solicitó que «se proceda a designar Defensor Oficial que asista a don Jorge Rafael Videla».
En el juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal 6 están procesados también los ex jefes militares Rubén Franco, Antonio Vañek, Santiago Riveros y Juan Azic y el médico Jorge Magnacco.
Durante la última dictadura recién nacidos, hijos de padres asesinados o desaparecidos, eran entregados a militares o civiles, que, mediante falsedades ideológicas en partidas o documentos de identidad, los anotaban como propios.
Según la organización Abuelas de Plaza de Mayo, ya hubo 102 casos en los que las víctimas recuperaron su identidad biológica.
Videla, detenido en Campo de Mayo, fue condenado en diciembre último a prisión perpetua por el fusilamiento de 31 opositores políticos en un penal General San Martín de la ciudad de Córdoba.
Bignone, en tanto, fue condenado en abril de 2010 a 25 años de prisión por privaciones ilegales de la libertad y aplicación de torturas a prisioneros políticos, en perjuicio de 56 víctimas, cometidas en Campo de Mayo.